Un centenar de profesores interinos de la Región ha empezado a presentar las primeras demandas para conseguir que la Consejería de Educación les reconozca el derecho a ser fijos, según ha informado Aidmur. Los asociados de esta organización de interinos tratan de adelantarse así a una sentencia de la Justicia europea que se espera para el próximo mes de septiembre, que previsiblemente impedirá a la Administración española seguir encadenando contratos a los empleados interinos sin reconocerles los derechos adquiridos, según explicó Francisco Javier Paredes, asociado de Aidmur.

Los profesores sin plaza que están presentado las demandas para convertirse en empleados fijos amparan su reclamación en una directiva europea de 1999.

Paredes precisó que el Tribunal de Justicia Europeo ya ha dictado sentencias contra las Administraciones de Italia y de Grecia en las que se equipara los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones públicas con los de las empresas privadas. En este sentido, recordó que la legislación española impide que las empresas puedan mantener a un trabajador con contratos eventuales una vez transcurridos tres años.

Añadió que el primer paso para conseguir que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de trabajadores fue el cobro de los meses de las vacaciones de verano a los profesores que hasta hace poco eran cesados al acabar el curso para ser contratados de nuevo en septiembre. Aidmur confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después del tirón de orejas que Bruselas ha dado a España precisamente por abusar de la temporalidad en las administraciones públicas, acabe dándoles la razón. Su previsión es que el fallo del Tribunal con sede en Luxemburgo podría conocerse en septiembre u octubre próximos.

En mayo del pasado año el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a los Estados miembros a que cumpliesen una directiva que data de 1999, en la que se aludía a «la fijeza del trabajador» como consecuencia de la contratación temporal sucesiva. De confirmarse el fallo judicial que esperan los interinos como agua de mayo, miles de empleados de la Comunidad y del resto de instituciones públicas, que llevan años trabajando sin tener un puesto de trabajo estable, podrían cambiar su situación laboral.

Según los cálculos que hacía el Sime el pasado mes de julio, en toda la Región puede haber unas 24.000 personas trabajando en las instituciones públicas que podrían reclamar el derecho a ser fijos si la sentencia es favorable.