El bloque constituido por la Región, la Comunidad Valenciana, Andalucía y previsiblemente Baleares para reclamar al Gobierno central la reforma de la financiación autonómica que ha anunciado esta semana el presidente de la patronal murciana, José María Albarracín, ya ha encontrado respuesta en las autonomías menos pobladas del noroeste de España. Galicia, Asturias y Castilla-León se han unido también en una alianza a la que podrían sumarse otras regiones, como Extremadura, para defender un modelo de financiación que tenga en cuenta las dispersión y el envejecimiento de la población. Ven peligrar el trato recibido hasta ahora si se impone un reparto en el que prime el criterio demográfico, que beneficiaría al Mediterráneo.
La llamada Alianza Empresarial Noroeste, que se constituyó el pasado marzo en Orense y está liderada por el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belardino Feito, reclama «una discriminación positiva» y sostiene que no cuesta lo mismo prestar los servicios en las ciudades que en poblaciones dispersas.
Al bloque del Noroeste podrían sumarse otras comunidades con menos densidad de población, como Cantabria, Aragón, La Rioja e incluso Castilla-La Mancha.
El presidente de la Croem anunciaba la convocatoria de la cumbre de las cuatro comunidades del Arco Mediterráneo prevista en Alicante para el mes de octubre un día después de que el número dos del PSOE, el ministro José Luis Ábalos, asegurara en Valencia que el Gobierno es «perfectamente consciente» de la insuficiencia financiera de la Comunidad Valenciana, que también está recibiendo unos ingresos por habitante inferiores a la media, al igual que Murcia, lo que ha disparado la deuda de ambas autonomías.
La Administración regional debe ya más de 9.500 millones, una cantidad que representa más del 30% del PIB y duplica el presupuesto anual de la Comunidad Autónoma, por lo que mantiene bloqueadas las posibilidades de inversión desde el inicio de las crisis.
Murcia y la Comunidad Valenciana aspiran, además, a que el Estado asuma parte del endeudamiento acumulado por culpa del déficit. Esta pretensión ya dividió en tiempos de Mariano Rajoy al grupo de expertos nombrados por el Gobierno del PP para diseñar la reforma de la financiación.
Según avanzó José María Albarracín, a la cumbre de Alicante prevista para octubre acudirán las patronales, los sindicatos y los gobiernos de las cuatro comunidades mediterráneas para reclamar una fórmula de reparto que les permita salir de los puestos de cola y recibir los mismos ingresos por habitante que las demás autonomías.
Aunque las posibilidades de que llegue a materializarse un nuevo sistema de financiación en el plazo de un año, tal y como ha avanzado el Gobierno, resultan aventuradas en este momento, los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez durante su reciente visita a Valencia han puesto en guardia a las autonomías del noroeste, que desconfían de la capacidad de presión de las regiones mediterráneas aliadas.
En Asturias el Ejecutivo socialista se muestra suspicaz ante la posibilidad de un nuevo modelo más a la medida de los intereses de Murcia y de la Comunidad Valenciana que de los asturianos. La oposición en el Principado (PP y Cs) ya teme «favores» de Sánchez a la Comunidad Valenciana.
El gesto del presidente en funciones también ha generado suspicacias en Galicia. La Xunta gobernada por Alberto Núñez Feijóo se ha puesto ya en acción después de que la visita de Sánchez a Valencia haya reabierto el debate en pleno agosto.
El Gobierno de Feijóo asegura que Sánchez no puede negociar la financiación de forma bilateral con nadie y se queja de que el anuncio se hiciera ante los dirigentes de Compromís y en busca de su voto para la investidura.
