08 de febrero de 2019
08.02.2019
Entrevista
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla

Jesús Jordano:"El ciudadano que recurre contra la Administración es un héroe"

Considera que la justicia es "lenta y cara", lo que hace que solo "la gente que está muy desesperada" se decida a interponer un contencioso

08.02.2019 | 04:00
Jesús Jordano:"El ciudadano que recurre contra la Administración es un héroe"

Intervine a partir de hoy en el congreso organizado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, en el que tratará los problemas que deben afrontar los ciudadanos cuando pleitean contra la Administración.

Jesús Jordano (Sevilla, 1965) es uno de los 250 juristas que hoy y mañana debatirán en Murcia los problemas que afrontan los ciudadanos al pleitear contra la Administración. Jordano forma parte de un grupo de investigación conjunto de las universidades de Murcia, Sevilla y Navarra que trabaja en cuestiones relacionadas con problemas medioambientales, como la degradación del Mar Menor.

¿Su intervención en el congreso también tratará sobre cuestiones medioambientales?

En este congreso voy a tratar sobre la ley que regula lo contencioso-administrativo, que es donde se juzgan las pretensiones de los ciudadanos frente a la Administración pública o los contratos públicos. Esta jurisdicción es un pilar del Estado de Derecho. Voy a abordar los obstáculos que hay para llegar a esta jurisdicción, porque en realidad es una carrera de obstáculos. Todo lo que se refiere a la justicia es caro y lento.

Además, la Administración es una máquina muy poderosa frente al ciudadano que recurre.

El ciudadano que recurre es un héroe. Por eso, la gente suele hacerlo cuando están muy desesperada y no ve otra solución. Normalmente, se tiene un gran nivel de tolerancia, en especial en España. Es un signo de identidad, no sé si bueno o no, pero tenemos una gran tolerancia frente a los abusos que se producen en materia laboral, de consumo o ambiental. Tenemos un nivel de reacción muy bajo. Aquí la gente va más a la justicia por desesperación. Además, hay una limitación grande por el coste que conlleva, porque para tener justicia gratuita tienes que ser pobre de solemnidad, mientras que las personas normales están muy desamparadas.

Hay que contar también el tiempo que tarda en resolver.

Una vez que te metes en un contencioso hay unos plazos demasiado largos. Se cuenta la anécdota de que al salir una sentencia lo primero que hay que preguntar es si está vivo el recurrente. En España, si tú has interpuesto un recurso con 74 años y te llega el fallo diez años después, puedes no estar vivo. Yo voy a abordar cuestiones como la legitimación, los tiempos para recurrir y las medidas cautelares, porque si no las hay, olvídate. Si te opones a una obra pública y pides la paralización, pero no te dan medidas cautelares, es muy difícil que un tribunal ordene la demolición. La propia dilación de la Justicia hace que la sentencia llegue cuando la realidad se ha transformado de tal manera que es imposible su aplicación, si no hay medidas cautelares.

La pasividad de las distintas administraciones también puede llegar a provocar problemas tan graves como la contaminación del Mar Menor.

Lo primero que tengo que decir es que vaya maravilla que tienen en Murcia. Es una verdadera joya. Yo soy optimista y creo las cosas tienen solución. Creo que estamos en ese punto en que las cosas solo pueden mejorar, pero no culpemos solo a la Administración. Cuando se produce una cosa así, las responsabilidades son colectivas. Es muy fácil decir qué mal lo ha hecho la Comunidad, los ayuntamientos o el Estado, pero todos queremos tener un apartamento en La Manga. Luego, la actividad agrícola en Murcia es líder y están los problemas relacionados con la gestión de los acuíferos, lo que supone que es la sociedad en su conjunto la que no ha hecho las cosas bien. Tenemos que mentalizarnos de que hay una forma de desarrollo alternativo, el desarrollo sostenible, que es posible.

¿Cree que la inercia social puede cambiar?

Todavía se está a tiempo de reaccionar y de ponerse manos a la obra. Uno de los problemas que tiene el Mar Menor son los vertidos de distintos tipos que afluyen de una contaminación histórica derivada de la actividad minera y el aporte de sulfitos, nitritos y nitratos de la actividad agrícola. Todo esto se puede corregir. El ser humano aprende muchas veces a base de errores y de palos y, a veces, hay que llegar a un punto de degradación para que se tomen soluciones. Estamos en un buen momento para hacer cosas interesantes. Me consta que el Departamento de Derecho Administrativo, con Blanca Soro y Santiago Álvarez a la cabeza, tiene especial interés en esto. Hay un grupo de investigación que está aportando ideas desde el punto de vista del Derecho.

¿Qué otras cuestiones tratan en este grupo de trabajo?

Estamos haciendo un estudio sobre Derecho y vulnerabilidad social para ver cómo interacciona el Derecho con los colectivos de personas vulnerables. Por ejemplo, cada vez que se descarga en el puerto un barco de soja, hay personas que tienen un ataque de asma. Los estándares de contaminación están pensados para personas que no tienen ese tipo de reacciones, pero el Derecho busca proteger también a las que sufren estos problemas.

Murcia también sufrió las trabas del Estado a la energía solar.

Afortunadamente, el impuesto al sol ha pasado a mejor vida, aunque la realidad es que no se ha cobrado durante mucho tiempo porque no había una estructura normativa para cobrarlo. El freno que tienen las renovables está más en las dificultades burocráticas.

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