Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Cantabria y La Rioja suprimieron hasta diciembre de 2016 un total de 153 entidades públicas, consiguiendo así un ahorro que podría ascender a 19,7 millones de euros anuales de confirmarse los datos aportados por éstas al Tribunal de Cuentas.
Por comunidades fiscalizadas, desde el Tribunal de Cuentas informan de que Cantabria ha dado de baja 27 entes, Castilla-La Mancha 50, Extremadura 21, La Rioja seis y la Región de Murcia 49. En ese mismo proceso de reordenación se han creado 19 entidades nuevas sumando las de las cinco comunidades. Por tipología de entidad, las bajas de las sociedades mercantiles representan un 43 por ciento del total, mientras que las fundaciones suponen un 24 por ciento de las bajas totales.
