El Tribunal de Cuentas recoge una serie de recomendaciones a la Comunidad Autónoma entre las que destaca la necesidad de que el Gobierno regional «dé cumplimiento a los principios de estabilidad financiera, sostenibilidad de las finanzas regionales o la transparencia de las cuentas públicas».
Así se desprende del informe anual de fiscalización de la Comunidad de Murcia del ejercicio 2016 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre.
El dictamen considera necesario abordar una reforma y actualización del marco normativo de la Administración regional en materia económica y presupuestaria.
En dicha reforma, apunta, «se deberían incluir aspectos tales como la integración dentro de la Cuenta General de la Comunidad de todas las cuentas de las entidades que forman parte de su sector público y el desarrollo de unos criterios acordes por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales del sector público, el establecimiento de procedimientos para convalidar gastos no registrados generados en ejercicios anteriores o la determinación de techos o límites de gasto público».
Asimismo, reitera al Gobierno murciano que en su memoria anual recoja información sobre la significación de los compromisos financieros asumidos para financiar las infraestructuras de carácter público y de su efecto sobre el endeudamiento actual y futuro.
Considera, igualmente, que deben adoptarse las medidas oportunas que permitan que determinadas empresas y fundaciones autonómicas «superen las salvedades que se exponen en los informes de auditoría de sus cuentas anuales».
Es necesario también, según el Tribunal de Cuentas, «establecer un mayor control de la actividad económica desarrollada por el sector empresarial y fundacional dirigido a la realización y cumplimiento del equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera de la prestación de los servicios».
A través de una serie de medidas, como «resolver la insuficiente elaboración de planes plurianuales, estableciendo la necesidad de prever, analizar y efectuar su seguimiento, así como analizar las repercusiones y efectos económicos a medio y largo plazo de los programas de gastos e ingresos».
Además de «introducir mayores mecanismos de control en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos administrativos y los programas de actuación, inversión y financiación de las empresas públicas regionales, así como de los planes de actuación y los estados de liquidación presupuestaria de las fundaciones autonómicas; y fomentar la capacidad de sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales».
Ayudas públicas
En materia de gestión de las subvenciones públicas reitera el Tribunal que para mejorar el control interno «se debe potenciar la definición de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos, la adopción de medidas correctoras en la desviación de la ejecución y la justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la finalidad pública a que se destinan los recursos recibidos».
