28 de noviembre de 2018
28.11.2018
Agua

El Campo de Cartagena tiene 164 pozos más para regar

La comunidad de regantes y la CHS firmaron ayer la autorización para poner en marcha en tres meses los sondeos, que aportarán 9,3 hm3 a los cultivos de la comarca tras años de espera

27.11.2018 | 19:49
La firma de la autorización estuvo arropada por la alcaldesa de Cartagena y el delegado del Gobierno.

Se acabó la travesía del desierto de la autorización de los pozos privados para regar en el Campo de Cartagena. Ayer, Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y Manuel Martínez Madrid, presidente de la comunidad de regantes de esa comarca, firmaron el visto bueno a la apertura de los 164 pozos, de los que se extraerán 9,3 hm3 de agua al año y que podrían estar en funcionamiento en tres meses.

Unas tres mil hectáreas de la comarca se beneficiarán de esta medida, aunque por el camino se han quedado otros 86 pozos, cuya explotación no ha sido autorizada. En total la comunidad de regantes había pedido abrir 250 pozos para sacar17,7 hm3 del acuífero. En cualquier caso, este agua, para ser utilizada deberá mezclarse con el agua del trasvase porque no tienen autorización para desalobrarla y los agricultores deben evitar que afecte al dominio público hidráulico. Además, se tendrán que instalar contadores para medir el agua extraída y deberán someterse a controles de calidad química.

El presidente del organismo de cuenca reconoció que había sido un trabajo denso, «con una tramitación ambiental compleja», y valoró que estas extracciones tendrán también importancia para la recuperación del Mar Menor. «Se evita un vertido que estaría yendo» a la laguna, dijo, añadiendo que es una de las medidas del proyecto de 'vertido cero' del Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente de los regantes del Campo de Cartagena insistió en que había sido una tramitación «larga y tortuosa», pero que «cuando uno trabaja con voluntad se obtienen buenos resultados».

Este permiso provisional tiene un plazo de vigencia de un año, durante el cual los usuarios pueden obtener la definitiva para continuar extrayendo caudales del acuífero.

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