Los transportistas están dispuestos a movilizarse contra la decisión del Gobierno central de empezar a cobrar por el uso de las autovías que siempre han sido gratuitas. El anuncio del Ministerio de Fomento ha acrecentado el malestar existente en el sector desde que empezó a aplicarse el desvío obligatorio de los camiones a la autopista de peaje en la AP-7, que la nueva Ley de Carreteras puede hacer extensible a todo el territorio. El presidente de la patronal regional FROET, Pedro Díaz, considera que el Ejecutivo está cediendo ante las presiones del sector de la construcción, que desde hace tiempo viene reclamando una tasa en las autovías destinada a costear la financiación de nuevas infraestructuras y su mantenimiento.

Las empresas catalanas ya realizaron una protesta el pasado 11 de octubre en contra del veto a los camiones en las carreteras nacionales del Corredor Mediterráneo entre Castellón y la frontera francesa, que contó con el apoyo de los transportistas murcianos. Los empresarios de Tarragona, que son los más afectados por la prohibición de utilizar las carreteras nacionales y las autovías, han convocado una nueva marcha lenta para el próximo 5 de diciembre, que puede bloquear la autopista AP-7 en vísperas del puente de la Constitución.

También la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) abordará en la próxima reunión de su comité nacional la posibilidad de convocar movilizaciones en contra de lo que el presidente de la FROET considera la aplicación de «una euroviñeta» en las autovías. «Habíamos leído que las autopistas iban a quedar libres de los peajes, pero ahora resulta que vamos a pagar todos en todos sitios. Siempre tienen necesidad de dinero, quieren cobrar por todo».

Pedro Díaz se lamentaba de que el Gobierno se plantea este tipo de alternativas «después de reunirse con Seopan», al tiempo que advertía de que la construcción «tiene mucho poder» y busca los acuerdos en encuentros secretos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha abierto la puerta al cobro por el uso de las autovías, atendiendo así una vieja reivindicación de la patronal de la construcción Seopan. Tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 9 de noviembre, Ábalos defendió la necesidad de diseñar un sistema para financiar el coste que anualmente supone mantener la red de casi 11.000 kilómetros de autovías en todo el territorio nacional. «Es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es». A su vez, esta misma semana se ha celebrado un encuentro de FIDEX (que agrupa a las 11 principales ingenierías españolas) y Seopan, quienes han reclamado un pacto nacional de infraestructuras para acometer las más de 800 proyectos pendientes, cuyo importe alcanza los 103.000 millones de euros.

Entre las quejas de los transportistas figura también la subida de la fiscalidad del gasóleo, que de el Gobierno ha dejado aparcada mientras aborda otras reformas.