La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sorprendía ayer después de dos días de debate con una resolución que vuelve a cargar al comprador de la vivienda el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentado de la hipoteca. El fallo, adoptado por 15 votos contra 13, libera a la banca de un gasto adicional que había llevado a las entidades financieras a endurecer las condiciones de los créditos. También la Comunidad queda liberada de la devolución de casi 65 millones a los murcianos que han firmado un crédito hipotecario desde 2014 y han pagado este tributo durante los cuatro años no prescritos. La banca es la que gana.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Supremo abrió la espita el pasado 18 de octubre con una sentencia que anulaba el artículo 68 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e instauraba un cambio de criterio que traslada a los bancos el pago de este tributo. El fallo judicial dio lugar a un cataclismo en la Bolsa que hizo perder a los bancos españoles más de 5.500 millones de euros en apenas dos sesiones. Al acabar la tercera, las pérdidas en la capitalización bursátil de los bancos superaban los 8.500 millones
Ante la situación creada en los mercado financieros, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Luis María Díaz-Picazo, adoptó una decisión insólita y convocó un pleno de los 31 magistrados de la Sala para resolver las discrepancias existentes. No obstante, la polémica sentencia parecía que iba a prosperar, una vez que el presidente del Supremo, Carlos Lesees, dejó caer que el fallo era firme y estaba en vigor.
Todo parecía indicar que los magistrados reunidos desde el lunes por la mañana iban a precisar cuestiones relacionadas con los plazos de caducidad a efectos de las reclamaciones que podían interponerse, pero después de dos días de debates anunciaban una decisión aún más insólita, que libera a los bancos del pago del impuesto, cuyos tipos impositivos rondan entre 0,5% y el 1,5% en las comunidades autónomas. En Murcia se aplica el 1,5% desde que en 2012 se hizo necesario subir este impuesto para ayudar a contener el déficit.
De haberse mantenido el criterio de la Sección Segunda, en la que se considera que el beneficiario de la hipoteca es el prestamista, porque es el que se asegura la garantía, la Comunidad Autónoma habría tenido que devolver unos 65 millones de euros a los contribuyentes que han firmado créditos hipotecarios en la Región desde 2014, dentro del periodo de cuatro años no prescrito. El Gobierno central había apuntado ayer por la mañana que las comunidades autónomas tendrían que devolver unos 5.000 millones de euros y anunciaba un trato especial para que no computaran como déficit.
El fallo del 18 de octubre incluso abría la puerta a que los hipotecados pudieran reclamar a los bancos el dinero tributado durante los últimos quince años. Gestha estimó que en la Región podrían llegar a reclamarse cerca de 980 millones.
Finalmente, en las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el Alto Tribunal recupera el criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.
En cuanto a las entidades financieras, aparte de insistir en su voluntad de acatar las decisiones judiciales y de pedir seguridad jurídica, no se habían pronunciado anoche de forma explícita sobre el fallo. Si este lunes, tras la primera jornada de deliberaciones del pleno, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, subió un 0,20% animado por el sector financiero, ayer la sesión había transcurrido en sentido contrario, y el selectivo se había dejado un 0,24% y los 9.000 puntos lastrado por la banca, aunque cabe esperar que hoy recupere el terreno perdido.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que presentó los recursos causantes de la división del Supremo, ha recibido con «indignación» el nuevo fallo. «El Supremo salva a la banca y condena a la gente», ha señalado el alcalde ripense, Pedro del Cura, quien anunciaba que Rivas agotará todas las instancias judiciales españolas e instancias judiciales europeas competentes para revertir la decisión del Supremo.
