Hartos de «seis años de recortes», medio centenar de empleados públicos de la Región de Murcia iniciaron ayer la primera de las protestas previstas para reivindicar la recuperación de los derechos «perdidos desde el año 2012». Los funcionarios reclaman, como prioridad, la recuperación de la jornada laboral de 35 horas frente a las 37,5 horas actuales, que elevó el Gobierno de Rajoy.

Con una gran pancarta que rezaba 'Ahora toca cumplir', la primera concentración, convocada por la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), tuvo lugar ayer frente a la sede del Gobierno regional, en San Esteban. Los manifestantes corearon cánticos como «Brinco, brinco por las treinta y cinco « y «La carrera profesional, pa' cuándo».

Los funcionarios también demandan la recuperación de la carrera profesional, la devolución del plan de pensiones de los trabajadores públicos y las ayudas sociales suprimidas. También solicitan la eliminación de los descuentos por incapacidad temporal.

«No queremos ser empleados públicos de segunda», se lamentaba el secretario general de FeSP-UGT, Antonio Martínez Peñaranda, quien protestaba que comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco ya han recuperado la jornada laboral de 35 horas, tal y como recogen los Presupuestos del Estado -«Que abría la puerta a negociar las jornadas laborales», detalló Peñaranda- y el II Acuerdo por el Empleo que se firmó el 9 de marzo.

«La Administración regional no nos está haciendo caso», criticó Martínez Peñaranda, quien explicó a este diario que su sindicato desarrollará una campaña de movilizaciones. La próxima protesta, dijo, se llevará a cabo en «Función Pública y después iremos consejería a consejería».

Fuentes de la Consejería de Hacienda señalaron que se encuentran en pleno proceso de negociación con las organizaciones sindicales, en el marco de una Mesa General, y apuntaron que todavía no se ha alcanzado un acuerdo. La portavoz del Gobierno regional avanzó ayer que «en los próximos días» prevén anunciar mejoras en las retribuciones de los 60.000 empleados públicos de la Región.