La medida la puso en marcha el Gobierno español en 2012, en plena crisis económica, con el objetivo de reducir el absentismo laboral entre los funcionarios. Estaba incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y reducía el salario de los funcionarios que se ponían enfermos. Seis años después, las arcas de la Comunidad Autónoma han engordado un millón de euros al año por la puesta en marcha de esta medida entre los docentes.
Estos son los cálculos del sindicato CC OO, que ha conseguido incluir en el orden del día de la Mesa Sectorial de Educación del próximo martes el punto 'Suspensión de la penalización económica de que es objeto el profesorado en situación de baja médica'.
«La ministra de Política Territorial y Función Pública anunció en julio el restablecimiento inmediato del derecho pleno de los empleados públicos a cobrar el cien por cien de las retribuciones desde el primer día por incapacidad temporal y por eso pedimos a la Comunidad Autónoma que haga lo mismo», comenta Diego Fernández Pascual, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CC OO en la Región. «No sería justo que penalice a los funcionarios que dependen de la Comunidad frente a los funcionarios del Estado que viven aquí», subraya.
La medida estaba incluida en el artículo 9 del decreto y se refería a la 'Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales'.
Fernández Pascual explica que ha habido recortes de hasta 500 euros por estar de baja quince días, «y además, no ha disminuido el absentismo, lo que prueba que en un elevadísimo porcentaje quien se cogía una baja era porque lo necesitaba».
Mesa General
La Consejería ha incluido este punto en el orden del día de la próxima mesa sectorial tal y como solicitaba CC OO, «pese a que ya les advertimos que es un asunto que se debe tratar en la Mesa General de la Función Pública, porque es una medida que afecta a todos los funcionarios de la administración regional», subrayan desde Educación.
El presidente del sindicato Anpe, Clemente Hernández, comenta que aunque es cierto que debe verse en la Mesa General, también lo es que «la consejera de Educación puede trasladar nuestra solicitud a este órgano de negociación, porque forma parte del mismo».
Y añade que «nosotros también defendemos que se eliminen los descuentos en la retribución de los primeros 20 días que se introdujeron en 2012, y así se lo venimos reclamando al consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, porque se ha hecho ya en otras comunidades autónomas».
Además, Anpe va a reclamar el martes que la Consejería no espere a los quince días de baja de un docente para cubrir esa enfermedad, como está ocurriendo ahora. «Debe enviarse un sustituto inmediatamente, porque los alumnos no son papeles que pueden esperar, y la falta de un compañero distorsiona mucho el día a día del colegio si no hay alguien que venga a sustituirlo», indica Hernández. Y añade que «esta medida solo sirve para que la Consejería se ahorre el salario de esos días».
