La escalada del precio de la luz va a coincidir este otoño con la aplicación de los nuevos requisitos que se exige a las familias beneficiarias de las bonificaciones en el recibo. Las modificaciones introducidas por el Gobierno central en la regulación del bono social destinado a rebajar el coste de la electricidad entre un 25% y un 40% a las familias con mayores dificultades económicas han dejado sin esta bonificación a muchos de los beneficiarios de la Región. La nueva normativa ha excluido a un colectivo de más de 47.715 hogares que tenían un consumo muy reducido con una potencia contratada inferior a los 3 kw. Hasta ahora la cifra total de beneficiarios de la Región superaba los 61.100 hogares, pero una semana antes de que acabe el plazo establecido por el Ministerio de Transición Ecológica para presentar la solicitud, la compañía Iberdrola ha recibido apenas 26.410 solicitudes, a pesar de la intensa campaña que está realizando el Departamento de Teresa Ribera para informar de que el plazo oficial termina el próximo día 8 de octubre.
Además de tener una potencia contratada de menos de 3 KW, hasta ahora tenían el bono social las personas con 60 años o de más edad y a los pensionistas con una paga mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo.
Iberdrola tenía en la Región 61.120 clientes acogidos al bono social que ahora desaparece, muchos de los cuales no han presentado una nueva solicitud por desconocimiento o falta de información, lo que puede llevar a que muchos de ellos se enteren de su nueva situación cuando dejen de ser considerados consumidores vulnerables.
Las tragedias que se han producido en los últimos años como consecuencia de la situación desesperada que el frío plantea a muchas personas mayores y a las familias con una situación económica precaria ha contribuido a sensibilizar a la Administración y a toda la sociedad sobre la necesidad de atender a los colectivos más expuestos y evitar que se repitan los dramáticos sucesos provocados por la pobreza energética.
La nueva regulación elimina a los consumidores con un bajo consumo de los colectivos beneficiarios de las ayudas, con lo que quedan sin la rebaja en el recibo cerca de 48.000 hogares de la Región, aunque parte de ellos pueden ser familias con ingresos reducidos que cumplen los nuevos requisitos establecidos para ser considerados consumidores vulnerables con derecho a recibir una ayuda del 25% de la factura.
A partir de ahora no podrán superar unos ingresos de entre 11.279 y 18.779 euros, según el número de miembros. Este cálculo se hace a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En la actualidad, el IPREM está establecido en 7.519,59 euros anuales.
Por otra parte, los hogares con una renta anual conjunta máxima de entre 5.640 y 9.340 euros (siguiendo también el cálculo del IPREM) serán considerados consumidores vulnerables severos y tendrán derecho a una rebaja del 40% en su factura.
También podrán acogerse las familias numerosas y los hogares de los pensionistas que no reciban otros ingresos adicionales a la paga de la Seguridad Social.
Aparecen igualmente otras situaciones específicas que no están ligadas a los ingresos familiares, como la existencia de un discapacitado en el hogar o que alguno de los miembros de la familia tenga el reconocimiento de víctima de violencia de género o de terrorismo.
El nuevo bono social ha contado con un periodo transitorio de casi doce meses, que termina el 8 de octubre. Inicialmente esta fase transitoria finalizaba el 10 de abril, pero fue ampliado ante el escaso número de solicitudes que se habían presentado. A partir de ahora, salvo en el caso de las familias numerosas, los consumidores con bono social deberán renovarlo cada dos años.
La ministra para la Transición Ecológica, que el pasado 19 de septiembre compareció en el Congreso para dar a conocer sus propuestas ante la escalada del precio de la luz, anunció un paquete de medidas «para abordar de manera inmediata el elevado precio de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, y la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción».
Teresa Ribera aseguró que «la prioridad» del Ejecutivo es la protección a los consumidores más vulnerables. Por ello, entre las medidas de choque planteadas, aludió a la continuidad del actual bono social de electricidad, pero introduciendo con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementarán la protección y facilitarán el acceso al mismo.
Además, avanzó también que se creará otro bono social para calefacción y elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.
En su comparecencia parlamentaria, Ribera expresó «la clara voluntad del Gobierno de España de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado».
