El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre los casos de 'bebés robados' en sendos escritos remitidos a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado. En opinión del Defensor, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados por víctimas como Inés Madrigal, fundadora de SOS Bebés Robados de Murcia, así como darles todo el apoyo necesario.
Por ello, la Institución recomienda a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de un banco de ADN Nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados.
Asimismo, el Defensor aconseja que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado. También considera necesario reorganizar la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones.
También ha recomendado a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales. A juicio del Defensor del Pueblo, aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil. También ve muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifiquen a quienes llevaban Maternidad.
