Los ayuntamientos pequeños temen verse colapsados a partir del 1 de octubre, cuando entre en vigor la normativa que establece la desaparición del papel en las instituciones públicas y la tramitación telemática de todas sus actuaciones, además de la firma electrónica en los documentos oficiales. La Comunidad Autónoma se había comprometido a ofrecer a los 28 ayuntamientos de la Región con menos de 20.000 habitantes los soportes informáticos para poner en marcha la Administración electrónica, pero la Federación de Municipios de la Región, que presidente Joaquín Hernández, asegura que la Consejería de Hacienda está tramitando todavía los contratos para adjudicar estos servicios, «algunos de los cuales tienen un plazo de ejecución de 16 o 18 meses, por lo que no van a llegar a tiempo».
Las instituciones tienen de plazo hasta octubre de este año para implantar la Administración electrónica en todos sus procedimientos, lo que les obliga a dotarse de un sistema capaz de convertir todos los trámites burocráticos que realizan en la actualidad en gestiones que los ciudadanos podrán hacer las 24 horas del día, siete días de la semana. Esto supone que el papel dejará de tener validez como documento.
El secretario general de la Federación de Municipios, Manuel Pato, ha advertido de que si dentro de poco más de dos meses los consistorios no disponen de la infraestructura necesaria para implantar los procedimientos telemáticos y la firma digital en los contratos, cualquier actuación podrá ser recurrida, lo que genera una situación de inseguridad jurídica. «Eso podría paralizar las contrataciones», señala.
A su juicio, la puesta en marcha de los servicios que está contratando Hacienda «puede retrasarse hasta octubre de 2019», lo que colapsaría el funcionamiento de los ayuntamientos pequeños, dado que la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos públicos el pasado marzo también ha impuesto a los alcaldes la obligación de convocar concursos públicos y darles publicidad en operaciones de menor cuantía. Manuel Pato precisó que la tramitación ahora es «farragosa y confusa», pero además «difícilmente pueden cumplirse las normas si no está en marcha la Administración electrónica».
Ante la incertidumbre que genera el retraso, Manuel Pato dijo que la Federación de Municipios le ha pedido a la Comunidad «un informe jurídico sobre la situación en la que puede incurrir un alcalde» si no cumple la normativa que regula los nuevos procedimientos digitales. Añadió que la Federación también está organizando jornadas técnicas para informar a los regidores.
Así, cree que los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes están preparados para empezar a funcionar de forma telemática, «a excepción de uno o dos.
