La Asamblea Regional reclamó ayer por unanimidad al Gobierno regional que aumente la inspección a las plataformas de transporte con conductor, y que la Comunidad Autónoma o los ayuntamientos implanten una autorización adicional a la exigida por el Gobierno central que valore su incidencia sobre la actividad de los taxis.

La moción presentada por el PP en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea ha defendido que los 90 vehículos con conductor (VTC) actualmente operativos en la Región, frente a las 774 licencias de taxi otorgadas, fueron sometidos a tres campañas de inspección por parte de la Comunidad Autónoma, que este año se doblarán.

Tras remarcar que los controles fueron «insuficientes» para luchar contra la «competencia desleal» en el sector del transporte, la diputada popular Patricia Fernández resaltó que los inspectores comprueben que el chófer esté dado de alta en la Seguridad Social, además de exigir la hoja de ruta que por ley debe llevar con los datos del cliente y el traslado que va a realizar, y se controle que no operen más del 20% del tiempo fuera de la comunidad autónoma que le ha otorgado la licencia.

La moción ha incorporado una enmienda del PSOE en la que insta al Gobierno regional a que estudie la fórmula jurídica que obligue a las plataformas VTC a contar con una autorización de funcionamiento urbana añadida a la exigida por el Ministerio de Fomento, y cuya concesión corresponderá a la Consejería competente o al Ayuntamiento.

Contra las prácticas corruptas

Asimismo, la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales aprobó por unanimidad una moción del PSOE que pide una ley que contemple medidas para proteger a los denunciantes de prácticas corruptas e ilegales. Según la socialista Presentación López, lo que quieren es que desde el Gobierno nacional se articulen este tipo de instrumentos.

La diputada apuntó que los organismos internacionales como Naciones Unidas y Transparencia Internacional han pedido que haya una ley que regule específicamente la protección al denunciante y que garantice la confidencialidad. «Hay que proteger a esa persona frente a posibles represalias, acoso y campañas de difamación», dijo.