La necesidad de que las autonomías tengan mayor margen de política fiscal y el establecimiento de una tasa turística municipal que grave las pernoctaciones hoteleras aparecen como dos de las bases sobre las que discutirán el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para definir el nuevo sistema de financiación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibieron ayer los dos informes que han redactado sendas comisiones de expertos creadas para sentar las bases de los nuevos modelos de financiación autonómica y local. La comisión de expertos postula correcciones en los niveles de población, que habrían de recalcularse cada año. Aboga también por suprimir el 'statu quo', que garantiza a las autonomías el nivel de financiación del que disfrutan, aunque de forma escalonada.

Hace seis meses se crearon ambos grupos de expertos, a raíz de uno de los compromisos asumidos en la Conferencia de Presidentes de enero. En representación de la Comunidad de Murcia ha formado parte de este grupo el profesor José Carlos Sánchez de la Vega. Esta tarde está previsto que el Gobierno se los entregue a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se abrirá el debate político. Si se cumplen las previsiones, habrá nuevo modelo antes de final de año.

Las propuestas para la reforma de la financiación autonómica parten de un diagnóstico del modelo vigente, desfasado como consecuencia de la crisis, de la caída de los ingresos de las administraciones y aquejado de problemas que venían de antes, como la falta de transparencia o la desigualdad de la financiación por habitante.

Los expertos plantean diversos marcos para posibles soluciones, tanto en el terreno de los incentivos por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad como en el campo de la autonomía fiscal.

Por otra parte, la reforma de la financiación local ha suscitado otro amplio informe, en el que se incluyen dos propuestas estelares: crear una nueva tasa turística en el ámbito local que grave las pernoctaciones hoteleras y sustituir el actual impuesto sobre plusvalías inmobiliarias, que ha hecho aguas ante la caída de los precios de los inmuebles. El objetivo es convertir la plusvalía municipal en un auténtico tributo que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca

A diferencia de las comunidades, los entes locales han salido de la crisis con superávit (unos 7.000 millones en el ejercicio 2016).

Señalan los expertos que un gran pacto político sobre cómo financiar el Estado de bienestar debe garantizar recursos suficientes para que las comunidades cubran sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales (actualmente, el 75% de sus gastos totales, seis puntos más que en 2007). Esos recursos procederían principalmente de la gran 'cesta' que forman las tres fuentes tributarias más caudalosas: el IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales. Quieren favorecer instrumentos de ingresos en las autonomías sin perder «la prudencia» en los gastos y, así, plantean más capacidad para que delimiten sus tramos del IVA. Se recomienda dar a las comunidades, actuando de forma colegiada, la capacidad de fijar los tipos de un tramo autonómico del IVA, y en su caso de los Impuestos Especiales (IIEE), que se regularía de forma separada del tramo estatal.

El Impuesto de Patrimonio, con el fin de que cuente con una base imponible homogénea, y el Impuesto de Sucesiones son objeto de estudio, y aquí los sabios designados por las administraciones, a pesar del «rechazo social» que genera este último tributo, plantean introducir unos umbrales mínimos. Sí habría que incorporar formalmente a la cesta el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito y el Impuesto sobre Actividades de Juego.

El informe plantea establecer un fondo básico de financiación, que estaría formado por la recaudación de recursos propios y cedidos, y otro, bautizado como fondo de nivelación vertical, se nutriría con recursos aportados por el Estado y se repartiría entre las comunidades con «el objetivo de reducir la desigualdad». El sistema contaría con casi 5.4000 millones más.