La situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, donde en los últimos meses hubo dos motines, y el colapso de los juzgados de lo Mercantil de Murcia, centra el informe anual correspondiente a 2016 que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó ayer en el Congreso de los Diputados en lo que respecta a la Región.
La Defensora muestra en su estudio su preocupación por la situación de los centros de internamiento, recordando que ya en el año 1985 la institución interpuso un recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Extranjería que los regulaban. Afirma Becerril que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los CIE, emitida en forma de sentencia hace casi 30 años, «no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias» en esta materia y pide por ello «una revisión profunda» del modelo.
El informe dedica un apartado especial al CIE de Sangonera la Verde, que la Defensora del Pueblo visitó en dos ocasiones en 2016, en abril y en diciembre. Tras constatar deficiencias en infraestructuras en el edificio y la situación de hacinamiento de los internos, Becerril informa de que ha dado traslado de estas carencias al Juzgado de Control del CIE. También se refiere a las quejas que le llegan por «los obstáculos que existen para realizar tareas de acompañamiento a los internos, con recortes en el horario de atención, las trabas para realizar las visitas solicitadas y la preocupación por la presencia dentro de las instalaciones de unidades especiales del Cuerpo Nacional de Policía», señala el informe.
La Defensora informa de que varios internos que participaron en las últimas fugas fueron enviados a prisión por las agresiones que sufrieron varios policías, señalando también que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que la mantenga informada del curso de las diligencias judiciales. Asimismo, relata el caso de un joven marroquí de 18 años que fue puesto en libertad gracias a la acción de la Defensora del Pueblo, pues padecía una enfermedad por la que necesitaba tratamiento médico. Se logró que abandonara el CIE y fuese derivado a una entidad que le brinde acogida humanitaria hasta que se estabilice la enfermedad que padece.
El informe de Becerril advierte además de la «situación difícil» que viven los juzgados de lo Mercantil de la Región, «con un volumen de asuntos que duplica ampliamente el indicador fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuya causa está directamente relacionada con el déficit estructural de planta en dichos juzgados», señala el documento. La Defensora ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de más unidades judiciales en esta jurisdicción, una propuesta que, según el informe, «ha sido aceptada por el órgano competente».
Realiza asimismo la institución un repaso de la situación de aquellos registros civiles que son competencia del Ministerio de Justicia. En el caso de la Región de Murcia, las quejas se centran en los registros de Cartagena, San Javier, Totana y Lorca, instándose al Gobierno central a llevar a cabo medidas que mejoren la situación y eviten perjuicios para los ciudadanos.
