La consejería de Hacienda, la delegación del Gobierno y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad han creado un frente común para luchar contra el juego ilegal y combatir prácticas de empresas que emplean a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social «en actividades con intereses meramente lucrativos y sin respaldo legal», que mueven seis millones de euros al año en la Región. El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, dijo que el ministerio de Hacienda ha impuesto una sanción de 25 millones a una de las organizaciones ilegales que operan en la Región, mientras que la Policía Nacional se incautó de cerca de 4.000 boletos en Murcia el pasado 26 de abril.

Sánchez-Solís, el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo y los presidentes nacional y regional de CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno y Pilar Morales, respectivamente, se han comprometido a coordinar actuaciones para acabar con estas prácticas, que cada año mueven en toda España 86 millones de euros.

Según los representantes de CERMI, estas empresas no aportan ningún tipo de ayuda, servicio o soporte a las personas con discapacidad de Murcia. Por ello, nunca han sido admitidas ni reconocidas por la globalidad del tercer sector social de la discapacidad, al no reunir ninguna de las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles para pertenecer a este colectivo.

«A todo ello se añade el hecho de que promueven y despliegan actividades de juego sin amparo legal, en el que la imagen de la discapacidad y la exclusión social es tomada como pretexto al servicio de intereses lucrativos», señalaron en la rueda de prensa celebrada ayer. Los representantes de CERMI recordaron que el movimiento asociativo ayuda a encontrar trabajo a personas con discapacidad a través de sus integradores laborales.

Andrés Carrillo manifestó que los órganos encargados del control del juego siguen actuando contra cualquier manifestación de juego ilegal, incluida las actividades de venta ambulante de productos de lotería por parte de entidades que carecen de la preceptiva autorización administrativa para organizar tales juegos. Y señaló, como los dos únicos operadores de juego habilitados por el Estado para la venta de este tipo de productos, las Apuestas y Loterías del Estado y la ONCE.

El delegado del Gobierno destacó la coordinación y colaboración entre la consejería de Hacienda y el Gobierno de España, a través de la Policía Nacional y el Servicio de Control de Juegos de Azar, que ha acompañado en varias ocasiones a agentes de juego de la Consejería para notificar y ejecutar varias resoluciones de procedimientos sancionadores.

También el delegado territorial de la ONCE en Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón, que intervino en el congreso regional de UGT, pidió la ayuda de las instituciones para acabar con «la competencia desleal» que afronta su organización.