Los tres partidos de la oposición al Gobierno autonómico en la Asamblea Regional (PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman entre los tres la mayoría absoluta de la Cámara) y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia coincidieron durante una reunión mantenida ayer en la necesidad de firmar un pacto por la universidad pública, que anteponga los intereses de las instituciones docentes públicas, es decir, la UMU y la UPCT, a los de la universidad privada, la UCAM.

El acuerdo, además, debería ser el preludio de una reforma de la Ley de Universidades de la Región de Murcia, que data de 2005, de forma que adapten la normativa al Plan Bolonia y que contemple «la potencia adquirida» por la Universidad Católica, según opina el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, Domingo Antonio Sánchez, presente en la reunión de ayer con los diputados Antonio Guillamón (PSOE), Antonio Urbina (Podemos) y Miguel López-Morell (C's). También pudieron conversar con la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, quien les felicitó por «elegir el camino adecuado, que es reunirse con los representantes de los cuatro grupos parlamentarios».

Sánchez consideró que la entrevista mantenida con PSOE, Ciudadanos y Podemos, a la que no asistió ningún diputado del PP ni representantes de la UPCT, es «el primer paso de un camino de mil kilómetros» que debe dejar a un lado «la visión etérea» de la problemática de las universidades regionales y se dirija a «una ejecutiva» en la que se priorice a la educación superior pública.

Para Domingo Antonio Sánchez, la futura reforma legal propuesta debe contemplar el cambio de escenario en el último decenio, en el que debe reflejarse el espacio educativo superior, el llamado plan Bolonia, «y la potencia adquirida» por la UCAM, en sectores no solo educativos, que hace que se incremente su influencia en la Administración regional, según asegura.

A juicio del dirigente estudiantil, la necesidad de estos cambios ha quedado evidenciada con los problemas surgidos con las prácticas profesionales en colegios, institutos y, sobre todo, hospitales, por parte de los alumnos de la univeresidad pública y la privada.

Según Domingo Sánchez, las primeras reuniones por el pacto educativo tendrán lugar en la semana del 25 al 29 de abril, una vez que haya tomado posesión el nuevo rector de la Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo. Este asistirá al encuentro, en el que también estará el rector de la UMU, José Orihuela, y los responsables de los consejos estudiantiles de ambas universidades públicas, así como representantes de todos los grupos políticos, incluido el PP. La idea es que de este primer encuentro salga una declaración institucional, que sería el embrión del nuevo pacto educativo. Este debería contemplar, según el presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU, «una garantía de la financiación plurianual, para no quede a la voluntad del gobernante de turno»

Por parte de los partidos, el diputado de Podemos Antonio Urbina se mostró favorable a lograr un pacto público y establecer una revisión de la legislación «con el consenso transversal» de todos los agentes implicados que contemple «la pérdida de financiación» de las universidades públicas por «la competencia feroz» de la privada..

Desde Ciudadanos, el parlamentario Miguel López Morell reclamó al Gobierno regional que la educación superior pública sea una de sus prioridades, mientras que el socialista Antonio Guillamón se mostró partidario de implicar en las próximas conversaciones a los rectores de la UMU y la UPCT.

Pese a que «por motivos académicos» no asistieron a la reunión en la Asamblea, la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la UPCT, Desiree Cubas, confirmó que ellos apoyan la reforma de la Ley de Universidades porque «debemos defender la universidad pública y en ese sentido vamos a estar siempre presentes».