La fiebre legislativa que se vive en la Asamblea Regional en este último año ha provocado que la apertura de nuevos centros de servicios sociales concertados con la Administración, así como la renovación de los contratos existentes, esté ahora mismo en una situación de 'standby'.
Así lo reconoce la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la Región, Pilar Morales, que lamenta que una de las modificaciones incluidas en la actual Ley de Servicios Sociales incluye que para que la Comunidad concierte servicios sociales con una entidad sin ánimo de lucro, esta debe haber sido declarada previamente «de interés asistencial», un concepto que contempla la Ley pero que «no ha sido desarrollado» desde 2003.
Por tanto, la normativa modificada, que entró en vigor a final de año para que estas entidades pudieran mantener los contratos y no tuvieran que competir con grandes multinacionales en un concurso público, haría prácticamente imposible renovar los conciertos actuales y sacar unos nuevos, pues ninguna de las entidades que concierta servicios con la Comunidad tiene esta declaración de «interés asistencial», y el desarrollo de ésta llevaría a la consejería de Familia varios meses de tramitación adminsitrativa.
Ante esta situación, Pilar Morales se ha reunido con los cuatro grupos parlamentarios para mostrarles su «disgusto» y reclamarles que vuelvan a cambiar lo ya modificado para poder desbloquear la situación. «Todos nos mostraron su comprensión, aunque al final cada uno toma sus propias decisiones», declara la presidenta autonómica del CERMI.
El Grupo Parlamentario Popular ha sido el primero en atender las quejas del CERMI y, a través de la diputada Inmaculada González, presentó una nueva proposición de ley con el objeto de suprimir el apartado del artículo 7 que fija la declaración de interés asistencial como requisito para la prestación de servicios sociales. También propone cambiar la redacción del apartado 2 del artículo '25 sexies', de carácter más técnico, cuya redacción puede dar lugar a varias interpretaciones.
El PP quería que la proposición de ley se tramitara como iniciativa de lectura única, lo que significa que no se podrían presentar más enmiendas. Pero los otros tres grupos también quieren dejar su sello en esta modificación de la modificación y rechazan la propuesta popular. El debate de las enmiendas tendrá lugar el lunes en comisión, mientras que en el pleno del próximo jueves se someterá a debate y votación.
Tomás pide tranquilidad
Por su parte, la consejera de Familia, Violante Tomás, pidió «tranquilidad» a las entidades y les garantizó que «ninguna persona en la Región se va a quedar sin su servicio», por el retraso en la entrada en vigor del concierto social. La Consejería prorrogaría los contratos existentes y, en el caso de los nuevos, los sacaría a contratación pública con las mayores garantías para las ONG's.
