Los funcionarios de la Comunidad cobrarán de manera íntegra durante este año 2016 el 100% de la paga extraordinaria que el Gobierno cental les quitó en 2012 a todos los empleados públicos. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto aprobó ayer dos enmiendas a las cuentas públicas: una del Grupo Parlamentario Popular para poder abonar en febrero el 38% de esa paga y otra de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) para que el 37% restante se abone en diciembre de 2016 y no en enero de 2017, como había acordado el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, con cuatro sindicatos en la Mesa de la Función Pública. El otro 25% restante de la paga se abonó en la nómina de marzo de 2015.

La decisión adoptada por la Asamblea Regional puede tener importantes consecuencias en la Administración, según denunció ayer Andrés Carrillo. El consejero de Hacienda y Administración Pública señala que abonar ese 37% de la paga extra en diciembre de 2016 en lugar de en enero supondría un montante adicional de 40 millones de euros. Carrillo se queja de que la oposición no dice de dónde sacará ese dinero, pues debido al techo de gasto no se pueden autorizar más partidas en el Presupuesto de la Comunidad para 2016. Este nuevo gasto obligado de 40 millones de euros, según el responsable regional, podría implicar el despido «desde ya» de hasta 1.200 empleados públicos que no son funcionarios. «Han hecho una auténtica chapuza», criticó el consejero de Hacienda.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, explicó que su partido presentó una transacción a la enmienda socialista para que el último pago pendiente de la extra de 2012 se efectúe también este año 2016. «Nuestra transacción estaba dirigida a ceñirnos a lo acordado con la Mesa Sindical y pagar cuando haya disponibilidad presupuestaria», señaló Martínez.

El diputado socialista Ángel Rafael Martínez señaló por su parte que en la Comisión de ayer se debatieron otras enmiendas relacionadas con la suspensión de acuerdos sindicales con empleados públicos, que no pudieron prosperar por la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular.

Ángel Rafael Martínez precisó también que su grupo retiró la enmienda referente a la supresión de entes públicos. «La intención es elaborar en esta misma legislatura una ley que reorganice la estructura de la Administración regional», afirmó.

Antonio Urbina, diputado de Podemos, destacó que su grupo parlamentario ha conseguido que las retribuciones a los salarios a los altos cargos se reduzcan un 3%, «al tiempo que se blinda la devolución de la paga extra a los funcionarios, en cumplimiento de las sentencias judiciales, y que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez había sido puesto en duda al aplazarlo», manifestó.

Una vez que ha finalizado el trabajo de las enmiendas parciales, la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto deberá realizar el dictamen definitivo, que será debatido y votado en la Asamblea Regional el próximo martes. En el texto del dictamen que se somete a votación figuran las 300 enmiendas parciales formuladas por los cuatro grupos parlamentarios y aprobadas esta semana.