La fiscalía anticorrupción ha comunicado al magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia Manuel Abadía que ya no es competente para instruir el caso Novo Carthago, ya que no hay aforados entre los imputados de la causa tras hacerse oficial, en la mañana del miércoles con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el cese de Antonio Cerdá como miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según confirmaron fuentes de la Fiscalía. El magistrado, en una providencia dictada en la tarde del miércoles, había pedido al ministerio público que se pronunciara sobre su competencia para seguir con la instrucción del procedimiento, en el que recientemente ha implicado al expresidente de la Comunidad y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, y a varios familiares suyos.

De esta forma, Abadía deberá abandonar la investigación de manera inmediata y devolver las diligencias al Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, donde se iniciaron las diligencias hasta que aparecieron indicios de delito contra el exconsejero de Agricultura y Agua y, debido a su condición de aforado, la juez envió una Exposición Razonada al TSJ para que lo imputara.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, tenía un plazo de 24 horas para enviar un informe al magistrado, tal y como le había solicitado este en una providencia. No esperó a que se agotara el plazo y el instructor tenía ayer el documento sobre la mesa.

El magistrado, al enterarse de la dimisión de Cerdá, pisó el acelerador y, en un tiempo récord, y aprovechando que el Gobierno tardó una semana en hacer efectivo el cese de Cerdá, redactó un demoledor auto en el que aseguraba haber encontrado durante la instrucción «múltiples y unidireccionales indicios» que señalaban que Valcárcel se benefició de pagos y dádivas de Hansa Urbana a través de «testaferros» como su hija, su yerno y su cuñado, imputándo a los tres en la causa. A Valcárcel le ha dado un plazo de 30 días para declarar voluntariamente en el TSJ. En el caso de que no lo haga, Abadía enviaría una exposición razonada al Tribunal Supremo, el competente para investigar a eurodiputados. Hasta que finalice ese plazo, Valcárcel, que calificó de «relato novelesco» las acusaciones del instructor, continuará «preimputado», según fuentes de la Fiscalía.

El caso Novo Carthago investiga la supuesta trama para recalificar unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor, en el término municipal de Cartagena, para favorecer la construcción de una urbanización de lujo con 10.000 viviendas, dos campos de golf y zonas comerciales y hoteleras. En la causa están imputados también el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; el exconsejero Francisco Marqués; la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (su parte está en el Supremo) y varios ex altos cargos del Gobierno regional como Antonio Alvarado, Manuel Alfonso Guerrero, José María Ródenas y Carlos Brugarolas, entre otros.