Las demandas de los ejecutivos del Círculo de Economía de la Región, que reclaman el desbloqueo de los proyectos urbanísticos en la Comunidad Autónoma, no han caído en saco roto. El consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, admitía ayer que la tramitación de los planes parciales que presentan los promotores de viviendas se alarga demasiado. Según indicaron fuentes de su departamento, el responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo regional va a poner en marcha soluciones para agilizar los trámites y dar más fluidez a las resoluciones. Mientras tanto, la diputada socialista María del Carmen Moreno ha anunciado que pedirá explicaciones en la Asamblea Regional a Mercader por "la parálisis" que, según la parlamentaria, sufre su Consejería.

Los ejecutivos de las empresas murcianas que integran el Círculo de Economía reclaman al Gobierno regional el desbloqueo de los proyectos urbanísticos que están paralizados en la Administración desde que se inició la disputa urbanística. El Círculo de Economía advierte de que la confrontación política puede "crear un falso ambiente de corrupción generalizada" que lastra al mercado inmobiliario en un momento de incertidumbre.

Benito Mercader respondió a los ejecutivos comprometiéndose a poner en marcha medidas para agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, dentro del marco legal que establece la normativa vigente. Fuentes de la Consejería admitieron que "hay que dar más fluidez" a las solicitudes de los promotores que han presentado proyectos para construir viviendas, aunque atribuyen la dilación de las resoluciones oficiales a las limitaciones que impone la legislación regional, "que es mucho más restrictiva que la de otras comunidades autónomas". La opinión extendida entre los empresarios es que puede deberse a las cautelas que mantienen los técnicos desde que llegó a la Fiscalía la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas.

Por su parte, la diputada socialista María de Carmen Moreno ha denunciado la lentitud de Medio Ambiente a en la aplicación de la Ley de Energías renovables, que achaca a "disputas internas de la Consejería" y que "puede poner en peligro inversiones e iniciativas empresariales".