Durante su comparecencia en la Comisión Legislativa sobre el Estatuto en las Cortes, Hernández apostó por seguir reclamando "que ese trasvase cese" pero recordó que el calendario para su finalización, atendiendo a la Directiva Marco del Agua, "puede ser 2015 ó 2027" y que "lo que no se puede hacer" es defender cosas "con las que es difícil establecer una relación adecuada a nivel jurídico".

Recordó las consecuencias de reducir progresivamente el trasvase Tajo-Segura cuando "también hay agua del Tajo que va a la cuenca del Guadiana y la llanura manchega" y provocará "los mismos efectos agravados" y por ello pidió "coherencia" para "defender mucho mejor en Madrid" los intereses de la región.

"La fecha de caducidad de 2015 se puede pedir y tiene argumentos legales para pedirla, aunque todos sabemos que es poco viable", recalcó Hernández, quien insistió en que aunque los preceptos incluidos en el Estatuto en materia hídrica no tienen "en general" problemas de constitucionalidad y son "más bien cuestiones declarativas" a otros no les ven "encaje estatutario".

Así, reclamó una redacción distinta del derecho al agua y su incorporación a los derechos sociales, la inclusión --junto al Consejo del Agua-- de otros consejos sectoriales que tienen que ver con el medio ambiente; y la mejora del artículo 98.1 sobre la responsabilidad de los poderes públicos para velar por la disponibilidad de recursos.

Una de esas cuestiones es la referida a las competencias sobre las cuencas hidrográficas intercomunitarias, algo que los Ecologistas creen que "no hace falta meterlo en una ley para poderlo defender", convencidos de que es "malo" que las competencias las lleven las comunidades autónomas "porque rompen la unidad de cuenca".

Junto al especialista jurídico de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, Hernández subrayó que la primera lectura del Estatuto les ha resultado "chocante" ya que no se puede decir que este sea un "texto avanzado en materia medioambiental" sino enfocado desde una visión en la que prima "el desarrollo sin adjetivos y la visión económica".

Para suplir esas "carencias" la organización reclamó la mejora de la concepción del derecho al medio ambiente; la introducción de una referencia a la especulación, tal y como refleja la Constitución, porque ese es un "olvido importante"; una alusión en el preámbulo del texto al compromiso de la región con el medio ambiente, o hablar, no de sostenibilidad, que es un elemento de desarrollo, sino de protección ambiental.

VISIÓN DESARROLLISTA.

Previamente, haciendo un repaso de la situación medioambiental aseveró que Castilla-La Mancha es una región con grandes recursos naturales que cuenta con una Consejería desde la que "se hacen bastante bien las cosas", aunque también hay indicadores en los que la Comunidad Autónoma muestra "deficiencias" como en materia de ruidos y contaminación.

De otro lado, acusó la visión "todavía bastante desarrollista de la región", que enlazó con los datos de un informe de la organización sobre las previsiones de crecimiento urbanístico en los próximos 20-25 años, que se calcula en 700.000 viviendas, y que para Ecologistas en Acción podría suponer un "gran impacto medioambiental" y una gran ocupación del territorio.

En este contexto, Miguel Ángel Hernández reconoció que "estamos inmersos en un modelo de desarrollo insostenible" y que aunque queda "lejos" dar solución al "problema medioambiental" sí se empieza "a contar con los mimbres necesarios para poderlo resolver.

Desde el Partido Popular, el diputado Leandro Esteban agradeció la intervención de Ecologistas en Acción, que les va a obligar a realizar una "reflexión profunda"; mientras el portavoz del PSOE, José Molina, recordó a la organización que algunas cuestiones no se incluyen en el Estatuto porque ya lo están en la Constitución y, en materia de agua, que es mejor estar juntos porque la batalla "no será fácil".