La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer las principales líneas que va a caracterizar la política de costas de su departamento y señaló a la Región de Murcia como ejemplo de mala gestión en el tratamiento de la costa. Narbona reconoció que mantiene "discrepancias profundas" con los responsables políticos murcianos y criticó que el Gobierno regional "haya eliminado la protección de 14.000 hectáreas de espacios naturales para permitir que se lleven a cabo en esas áreas grandes actuaciones urbanísticas".
La responsable de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recordó en ese sentido que las actuaciones que el Ejecutivo regional pretende hacer en la costa, recogidas en el Plan de Directrices del Litoral murciano, "están recurridas al Tribunal Constitucional", aunque a su juicio este organismo tardará en resolver el recurso "más tiempo del que la costa de Murcia necesita".
Cristina Narbona realizó estas declaraciones tras unas preguntas de los periodistas sobre las denuncias que la organización ecologista Greenpeace ha realizado sobre mala gestión y degradación de la costa murciana.
Deslindar la costa en peligro
Entre los planes que el ministerio de Medio Ambiente tiene para la costa de todo el país destaca la intención de realizar en los dos próximos años el deslinde de aquellos tramos más expuestos a procesos urbanísticos, además de la revisión de deslindes antiguos no adaptados a las definiciones legales vigentes del dominio público, lo que podría conllevar la demolición de edificaciones e infraestructuras que no se adapten a la normativa. En la actualidad el 60% del litoral español está deslindado.
El Plan Director de la Gestión Sostenible de la costa en el que trabaja el Ministerio contempla además la expropiación de terrenos colindantes con el dominio público para reforzar su protección y controlar los procesos erosivos.
Además, se prevé la protección y recuperación de sistemas litorales con corrección de impactos derivados de infraestructuras, recuperación del patrimonio cultural, rehabilitación de construcciones tradicionales y expropiaciones de áreas con valor ambiental significativo.
La ministra ha establecido un plazo de un año para determinar un diagnóstico general de los tramos litorales y el diseño de una gestión sostenible, integrada y concertada de la costa. Así, dentro de un año se determinará si hay que modificar la Ley de Costas, que en sus planteamientos es "buena". "El camino correcto es dar un respiro al crecimiento espectacular de la urbanización en la costa", recomendó a municipios y comunidades autónomas, competentes en esta materia.
