El Ayuntamiento de Cartagena tiene, actualmente, en torno a unos seis morosos que deben más de 600.000 euros a las arcas municipales. Según han indicado fuentes del Consistorio a La Opinión, el montante de la deuda pública de estos morosos se sitúa entre los 10 y 14 millones de euros. Entre estos deudores se encuentran algunos organismos estatales tales como el Ministerio de Defensa y la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes).
Unas cantidades que, según ha querido aclarar el Consistorio, pueden variar de aquí a un futuro cercano. Esto es debido a que existe deuda viva, a saber, la que contraen las entidades locales derivada de los préstamos a largo plazo con entidades financieras y avales; y deuda suspendida, paralizada debido a que se encuentra en un proceso judicializado que está en litigio, por lo que el montante final todavía se está discutiendo.
La Tesorería General municipal no ha podido conferir más datos de los deudores debido a la Ley de Protección de Datos. Este organismo afirma que para publicar datos de morosos que deben más de 600.000 euros, tal y como hizo, por ejemplo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el pasado mes de junio, se requiere de un complejo procedimiento administrativo, que consiste en la apertura de un expediente, comunicar la intención de publicar la lista a los deudores, que deben mostrar su aprobación, que se notifique de forma individual la deuda, etc. Un proceso que «no se ha hecho nunca en Cartagena debido a que no se ha considerado oportuno», afirman fuentes municipales.
Concentran gran parte de la deuda a las arcas municipales
La deuda de estos grandes morosos supone una gran porción de los casi 30 millones de euros que deben los cartageneros en tributos. Una cifra que está reflejada en el informe de la liquidación del presupuesto del año 2021. La mayor cantidad de deuda que reflejan estas cuentas se concentra en los impuestos directos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), entre otros.
El Ayuntamiento está estudiando cómo lograr que estos grandes deudores de las arcas municipales paguen las elevadas cantidades de dinero que tienen contraídas con la Hacienda local y no descarta recurrir al embargo en caso de ser necesario, según han afirmado fuentes municipales a este diario.
Uno de los ejemplos de la posible fluctuación de la deuda es la que tiene contraída el Sepes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) reconoció recientemente a la Entidad Pública Empresarial del Suelo un crédito de 3,28 millones de euros (más recargos, intereses y costas) frente al Ayuntamiento, en virtud del convenio de colaboración de diciembre de 1991 suscrito para el desarrollo urbanístico de la Actuación Industrial Los Camachos por los tributos locales vinculados con la actuación urbanística en ese término municipal.
El Sepes presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento, dictada en abril de 2019, que desestimaba su requerimiento de reconocimiento de crédito en el expediente de apremio por impagos de IBI Urbana y otros de los ejercicios 2002 a 2018 en base a la compensación acordada en la cláusula octava del convenio de colaboración suscrito en 1991.
En noviembre de 2020, el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena, en la sentencia ahora confirmada en su integridad, rechazó las distintas causas de inadmisibilidad del recurso invocadas por el Consistorio, descartó la prescripción de la acción y declaró la validez de la cláusula octava del convenio suscrito.
Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir la sentencia, pues, según ha afirmado la alcaldesa, Noelia Arroyo, quieren revisar «tanto el periodo de vigencia del convenio como las cantidades». Y es que, añade, «hay distintas interpretaciones de profundidad que realizan los servicios jurídicos del Consistorio».
En caso de que finalmente la sentencia salga adelante, el Ayuntamiento dejaría de ingresar 3,28 millones de euros. Una cantidad que, por lo tanto, se restaría a los casi 30 millones de euros que deben los contribuyentes, una cifra reflejada en la liquidación del presupuesto de 2021.
