La Comunidad ha declarado de emergencia las obras destinadas la Balsa Jenny, ubicada en el Llano del Beal, con el objetivo de frenar los vertidos de residuos mineros al Mar Menor. Así lo ha dictaminado una Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que insta a ejecutar las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena en los terrenos propiedad de la Comunidad Autónoma. Para este fin se han destinado 815.000 euros, según han informado fuentes de la Administración regional en un comunicado.
Asimismo, la orden dictada incluye los trámites ambientales precisos según la normativa ambiental aplicable para la ejecución material de las obras ordenadas y la obtención de cuantas autorizaciones previas o permisos sean precisos.
La misma fuente ha apuntado que los trabajos se iniciarán de «forma inmediata» una vez se disponga de los informes y autorizaciones exigidos por la normativa ambiental y resto de normativa en sentido favorable a su ejecución, y contarán con un plazo de ejecución de seis meses.
En este sentido, las actuaciones a realizar dispondrán del consiguiente apoyo técnico en cuanto al control de la misma, seguridad y salud y control medioambiental. Estas consistirán, en primer lugar, en la medida indicada expresamente por el Juzgado, consistente en la instalación de un ‘Sistema de filtro activo de carbonato cálcico con barreras reactivas’, y en segundo lugar, en una medida complementaria consistente en un ‘Sistema de canalización y recogida de aguas pluviales de escorrentía e infiltración que atraviesan la parcela procedentes de la cuenca vertiente aguas arriba, esta canalización estará dotada de lechos de grava caliza’.
El objetivo de estas obras es mejorar la calidad del agua que discurre por la parcela.
De forma previa a la declaración de esta emergencia, se han llevado a cabo actuaciones de vigilancia, análisis y tomas de muestras de aguas en escorrentía con la finalidad de conocer su origen, trazabilidad y caracterización química, comprobándose la existencia de tres entradas de agua procedentes de parcelas colindantes, la escorrentía superficial de toda la cuenca vertiente situada sobre ella tiene una superficie de 1.526.462 m2.
Un medida que llega tras los distintos análisis que realizaron los agentes del Seprona de la Guardia Civil en el Mar Menor tras las fuertes lluvias y escorrentías que hubo en la comarca el mes pasado. Estos detectaron «altas y concentradas dosis de metales pesados, como cadmio, plomo, niquel y zinc» procedentes de la balsa, así como de terrenos adyacentes, propiedad de la empresa investigada Portmán Golf «y que presuntamente presentan igualmente grandes cantidades de metales pesados sin tratar».
