Los vecinos de la urbanización Marina Perla, en el kilómetro 4 de La Manga, junto al Zoco, están hartos, especialmente los de movilidad reducida, de no poder acceder a la cala del Pino en el Mar Menor por los tres accesos más cercanos a sus viviendas porque particulares instalaron puertas y vallas que les bloquean el paso. Además, el acceso más próximo al que se ven obligados a hacer uso tiene unos cuarenta escalones.

Desde hace cinco años, los residentes de esta urbanización tienen cortados y privatizados los accesos peatonales que lindan con las urbanizaciones Los Aliseos y Arpón. A partir de ese momento, para Joaquín Cánovas, residente de la urbanización, es un reto ir a la playa con su madre, que está en silla de ruedas. «O bajo como puedo con ella las escaleras o me tengo que ir 30 minutos andando a un acceso con rampa cuando el que tenemos en frente, tiene una, pero tenemos prohibido el paso por una valla», explica Cánovas, que junto con el resto de vecinos afectados presentaron su desacuerdo por escrito a la presidenta de su urbanización, Pilar López, que lleva desde 2018 intentando buscarle solución. «Costas dice que es competencia del Ayuntamiento de Cartagena, y viceversa. En 2018 presenté un escrito pidiendo que los técnicos municipales verificaran si los accesos son públicos o privados y el martes pasado lo volví a solicitar», dice Pilar López. Tanto ella como esta Redacción no ha obtenido respuesta del Consistorio a pesar de pedir dicha información.

Las urbanizaciones colindantes comunicaron a López de que no pueden transitar estos accesos porque son privados, pero ella se apoya en el plano del Plan Municipal de Ordenación Urbana de Cartagena para defender que los accesos son públicos, como así figura en este según ha podido comprobar esta Redacción.

Otros indicios que hacen sospechar a los residentes de la urbanización Marina Perla de que el acceso es público es que la acera de la calle continúa por el acceso aunque lo separa la valla del residencial. Marina Perla es de Cartagena pero está en el límite con San Javier. Por ello, agentes de Policía Local de San Javier presentaron un requerimiento en abril de 2019 en el que alertaban de las anomalías en los accesos. En este escrito informaban de que desconocen de qué Ayuntamiento o Administración es titularidad pero que «se denota que se ha usurpado un dominio público con un fin privado». «Los accesos se encuentran cortados por una valla con listones de madera, pero la acera pública se prolonga», añaden.