La playa de El Portús estará a medio gas este verano, ya que el ayuntamiento de Cartagena no tiene previsto autorizar la reapertura de los 600 metros lineales que cerró en julio de 2014, después de que una piedra de tonelada y media se precipitase sobre dos de las once viviendas que se ubican al pie del monte de Las Casillas.
El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Francisco Espejo, avanzó a esta redacción que no se podrá reabrir el citado tramo para este verano. «El Ayuntamiento es titular del monte y, en estos momentos, no podemos garantizar la seguridad de los bañistas en esa zona, ya que antes habría que hacer una obra más agresiva y de envergadura para evitar el peligro de desprendimiento. Serán los expertos quienes determinen qué es lo que hay que hacer», argumentó.
La junta de Gobierno local del Ayuntamiento aprobó hace un mes la firma de un convenio de asistencia con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El objetivo de este acuerdo es que la Politécnica haga un estudio que determine qué medidas son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En estos momentos, la concejalía de Infraestructuras está intentando 'rascar' dinero de su presupuesto para llevar a cabo una obra de emergencia que permita que los propietarios de las dos viviendas del final del paseo, que siguen precintadas, puedan volver a sus casas.
Espejo avanzó que se trataría de ampliar la red de malla para que proteja las dos últimas viviendas. La citada red que cubre parte del monte se instaló en 2008, junto con un muro de contención situado detrás de las casas.
Respecto a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los daños que causó en las citadas viviendas el desprendimiento registrado el pasado verano, el concejal de Infraestructuras avanzó que «estamos estudiando si jurídicamente tenemos la obligación de hacerlo o no, ya que al parecer existen problemas porque las casas están ubicadas fuera de ordenación».
Los afectados por el peligro de derrumbes en El Portús, junto con vecinos y bañistas, han estado concentrándose en la zona durante los últimos meses para exigir al Ayuntamiento una solución. Ayer hicieron una quedada en la playa y ya el pasado abril llevaron a cabo otra protesta pacífica. En declaraciones a esta redacción, uno de los afectados señaló que está viviendo con sus padres porque su vivienda esta precintada desde hace diez meses.
Espejo recordó que el Ayuntamiento adquirió la titularidad del monte en los años 80, década en que ya tuvo lugar un espectacular derrumbe cuando una piedra de gran tamaño se precipitó sobre la carretera.
