Delitos Ecológicos: demasiada impunidad

El primer caso de crimen medioambiental en España que fue condenado con penas de prisión tiene fecha del 20 de abril de 1995, cuando el empresario Josep Puigneró recibió una sentencia de cuatro años de reclusión por el vertido de sustancias contaminantes a varios afluentes del río Ter (Cataluña) entre 1990 y 1993.

Sin embargo, hasta entonces fue un caso excepcional. El punto de inflexión en el ámbito de los delitos medioambientales llegó con la Ley Orgánica 10/1995 que reformó el Código Penal y endureció las infracciones de tipo ecológico. Según esta norma, todo aquel que cometa este tipo de delitos «será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años». Si son casos graves, la prisión puede llegar a los 5 años. Se entiende por delito ecológico vertidos, excavaciones, ruidos, contaminación de aire, agua o suelo, captaciones de agua y muchas otras actividades.

Una de las mayores tragedias ambientales en España fue el desastre del Prestige, que el 13 de noviembre de 2002 se hundió frente a Galicia derramando 60.000 toneladas de fueloil y contaminando unos 3.000 kilómetros de costa.

Este ecocidio llegó a los juzgados en enero de 2003, impulsado por la plataforma ciudadana Nunca Mais, que presentó una querella criminal contra los propietarios del petrolero, el capitán y las autoridades españolas que tomaron la decisión de alejar el barco de la costa. El caso estuvo en los juzgados durante ocho años y finalizó con la absolución de los acusados. El único condenado a prisión fue el capitán del barco, pero, paradójicamente, el motivo de la condena fue por desobediencia a la autoridad, al tardar tres horas en acatar la orden de alejar aún más el barco de la costa española.

El tiempo que pasó desde que sucedió la catástrofe hasta que el caso llegó a los juzgados fue corto. Sin embargo, otros casos de mayor gravedad aún, como el de la presa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, han tenido que esperar nada menos que 25 años para la celebración de juicio, desarrollado este mismo verano. No ha sido hasta ahora que la multinacional Boliden se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El 25 de abril de 1998, esta presa reventó y vertió unos 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadimar, en la cuenca del Guadalquivir. Este desastre solo pudo frenarse a las puertas del Parque de Doñana, gracias a que se levantaron diques y represas a contrarreloj, cuando ya habían sido afectadas unas 4.600 hectáreas. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el impacto contaminante fue cien veces superior al hundimiento del Prestige.

Murieron miles de aves y peces, los acuíferos quedaron muy contaminados y se llegó a batir el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas. Desde ese momento, las organizaciones ecologistas han intentado frenar la reanudación de los trabajos de la mina, pero los tribunales han tumbado estas peticiones.

"La punta del iceberg"

Pero los delitos ambientales van más allá de estos grandes casos. De forma cotidiana, la fauna, la flora y los recursos naturales sufren todo tipo de infracciones. Es el caso de las especies protegidas que sufren envenenamiento o caza furtiva. El último informe de WWF-España recopila los casos cometidos entre 2015 y 2020, tras elaborar una base de datos que no existía antes, explica la coordinadora del programa LIFE SWiPE España, Silvia Díaz.

En total, se recopilaron 4.902 delitos cometidos contra especies protegidas, pero esto solo es «la punta del iceberg», según Díaz. Por ejemplo, «en el caso del envenenamiento, se estima que solo se detecta el 10% de los casos».

Los motivos por los que este tipo de delitos no se llegan a denunciar son porque «son muy difíciles de detectar» y «demostrar la autoría es complicado», añade Díaz.

A través de este estudio, confirmaron la mortalidad ilegal de más de 8.000 ejemplares de especies protegidas en dicho periodo. Sin embargo, del total de casos estudiados y detectados, pocos llegan a la vía judicial y se quedan en la vía administrativa, por lo que subsanan pagando una multa. En el peor de los casos, estos delitos no se llegan a resolver. De los casi 5.000 casos registrados, tan solo un 6,67% llegaron a ser juzgados por la vía penal, lo que supone unas 320 sentencias, aproximadamente. No solo eso: el 20% de esas sentencias fueron absolutorias.

Uno de los principales motivos de esta situación es que «son delitos considerados menores, que no tienen la importancia que deberían tener», explica Díaz. Por ello, «es difícil que el juez te autorice el uso de pruebas de autoría que son indispensables a la hora de juzgarlos», añade. Por eso, WWF pide un endurecimiento del Código Penal.

«Muchas veces, cuando se archiva un procedimiento penal es porque no se conoce el autor», explica Juan Francisco Merchán, uno de los profesionales que forma parte de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental. El autor típico de este tipo de delitos «no es un delincuente normal», añade Merchán, por lo que puede ser una dificultad a la hora de estudiar el caso y juzgarlos. «Estamos hablando de delincuentes que, normalmente, tienen una actividad normal y, de vez en cuando, bien por negligencia o bien por ahorrar costes, pues comenten este tipo de hechos», añade.

Pese a los avances introducidos en el Código Penal, todavía se podrían añadir muchas mejoras, como que «las penas sean más elevadas» o «una especialización de los jueces, ya que muchas veces, para ellos no es un delito al uso», aclara Merchán.

Crimen contra la humanidad

«La Tierra necesita una buena abogada», sentenció la británica Polly Higgins, abogada, en una charla TED en la que explicaba por qué el ecocidio debería ser reconocido como un crimen a escala mundial por la Corte Penal Internacional (CPI). Para lograr este objetivo, fundó la organización Stop Ecocidio.

Higgins quiere conseguir que el ecocidio sea considerado un crimen internacional. De este modo, se impondría «un deber a todas las naciones para dar sistemas de respuesta cuando suceda algo así».

Actualmente, la CPI, creada a través del Estatuto de Roma en el 1998, tiene competencia sobre crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y, el último anexo, crímenes de agresión. Sin embargo, no incluye grandes crímenes ambientales, pese a su impacto directo sobre la población.