Hace unos meses, en esta misma sección, hice referencia a un frase atribuida al escritor suizo Louis Dumur quien afirmaba: «La política es el arte de servirse de los hombres haciendo creer que se les sirve». Esta máxima vuelve a estar de plena actualidad tras el esperpéntico espectáculo ofrecido el pasado martes en el Congreso de los Diputados por los representantes del Partido Popular que, contradiciendo sus propios actos y afirmaciones anteriores, se negaron a apoyar la supresión de los privilegios judiciales de los que gozan los políticos: los aforamientos.
El Partido Popular se niega a que todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos. No es justo que diputados regionales, consejeros, o que el presidente de la Comunidad Autónoma (el anterior está a las puertas de la apertura de juicio oral por su supuesta implicación en siete presuntos delitos de corrupción) sean juzgados por un tribunal especial, donde al menos uno de sus miembros ha sido nombrado por los propios políticos, y el resto de los murcianos seamos juzgados por órganos judiciales ordinarios. Este tipo de decisiones denostan la política y justifican la desconfianza que tienen los ciudadanos en sus dirigentes.
El nuevo argumento de los populares no puede ser más cínico. La idea de abrir un debate nacional sobre la eliminación de aforamientos lo utilizan como obstáculo para evitar que la Región de Murcia, por primera vez, sea punta de lanza en la lucha contra la corrupción, con una medida pionera que ayudaría a lavar la turbia imagen que ha proyectado nuestra Comunidad durante los últimos meses al resto de España. Los escandalosos casos Púnica y Auditorio, y el desmesurado celo con el que el expresidente Pedro Antonio Sánchez se ha atornillado al privilegio del aforamiento, han terminado de dilapidar la ya maltrecha imagen de los políticos frente a la ciudadanía y ha minado seriamente la imagen de la Región. Ellos quieren que ese debate nacional sea el antecedente de la eliminación de los aforamientos en la Región pero ¿Por qué no la consecuencia? Si creen que es una medida buena para toda España, nosotros también lo creemos, ¿por qué no se aplica sin más demora en Murcia algo que es beneficioso? La respuesta parece obvia, no están pensando en el interés de los murcianos.
Hay otro aspecto de esta cuestión que llama a la reflexión: el Partido Popular ha batido el récord Guinness de la incoherencia política porque en poco más de un año y medio ha votado ´sí´, ha votado ´no´ y se ha abstenido en la misma cuestión. Estos bandazos, tan habituales en la política errática de los populares, obedecen a su habitual oportunismo. El PP es fiel a la conocida frase de «estos son mis principios... pero si no le gustan tengo otros». Hagamos un ejercicio de memoria.
El 26 de noviembre de 2015 el PP votó en contra de la supresión de los aforamientos en el pleno de la Asamblea Regional y, en consecuencia, mostró su apoyo a que los políticos dispusieran de unos privilegios judiciales que no tenemos los ciudadanos de a pie. Esta votación responde a la verdadera voluntad del PP ya que, al necesitarse 3/5 partes de la Cámara para la reforma del Estatuto de Autonomía, la aprobación o no de la supresión de los aforamientos dependía de ellos, al igual que en los veinte años anteriores, y mostraron su verdadera cara. Al no haber ningún condicionante votaron aquello en lo que de verdad creían.
El 26 de abril de 2017, y con la imagen política de la Región de Murcia ensuciada por el lodazal de los casos Púnica y Auditorio, el PP votó a favor de la supresión de los aforamientos en el pleno de la Asamblea Regional. Ciudadanos se comprometió a facilitar la investidura de López Miras a cambio de la eliminación de los aforamientos y el cumplimiento de las enmiendas presupuestarias. Este condicionante, y el miedo atroz del PP a perder el Gobierno, hizo que su voto fuese favorable. Dentro de la sociedad murciana hubo quien vislumbró un atisbo de esperanza en que el voto del PP respondiera a un deseo real de regeneración política. A lo mejor alguien llegó a pensar que antepondrían la lucha contra la corrupción a los intereses particulares de sus políticos imputados o investigados. Fue una falsa alarma.
El 12 de septiembre de 2017, el PP rompió su compromiso y se abstuvo en la votación de la supresión de los aforamientos en el pleno del Congreso de los Diputados; no obstante, la reforma del Estatuto de Autonomía salió adelante gracias a la voluntad de la mayoría de la Cámara. Se hubiera aprobado incluso si el PP hubiera votado en contra (a la vista de su actuación no nos cabe duda que se quedaron con la gana). No es un partido que apueste por la regeneración democrática, lleva su conservadurismo hasta sus últimas consecuencias.
Valga este ejemplo para demostrar la incoherencia de un PP agotado, carente de iniciativa y totalmente desorientado, que es capaz de votar la misma iniciativa en un sentido, en el opuesto y en el intermedio, y que toma sus decisiones basándose en el mero oportunismo y anteponiendo sus intereses a los de los murcianos. Como ocurrió recientemente en el caso de las ITV: se obstinan en mantener un oligopolio de unos pocos obviando las recomendaciones de la Unión Europea que apuesta por la libre competencia. La liberalización del sector de las ITV originaría la apertura de más centros, más empleo, más calidad en la prestación del servicio, menos colas y precios más reducidos. Rechazan esta posibilidad para beneficiar a unos pocos con un modelo, el concesional, caduco y trasnochado. Siguen obviando el interés de los murcianos. Todo muy rancio. Demasiado olor a naftalina.
