Es muy probable que exista un alto consenso en que los políticos (de aquí o allá, aunque unos más que otros) tienden a utilizar los indicadores estadísticos en beneficio propio. Es ´natural´ y lo que Rajoy viene haciendo con el PIB y con la creación de empleo en los dos últimos años, olvidándose de que el peor de la reciente recesión económica se produjo bajo su mandato.

Como ha señalado Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en una visita reciente a España, «sería injusto no reconocer el avance que ha experimentado la economía española en los últimos años». Una introducción de la más exquisita diplomacia, acompañada de una sentencia no menos cierta: «Pero el desempleo sigue situándose en niveles muy altos; la pobreza ha aumentado, debido principalmente a la falta de un empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo y unos ingresos adecuados».

La OCDE reclama al Gobierno de España medidas efectivas para luchar contra la pobreza, porque considera que la crisis «ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, la pobreza y la desigualdad». Para cerrar esas heridas, España necesita crear más empleo «pero no cualquier empleo», como está sucediendo en los últimos tiempos. Es imprescindible crear puestos de trabajo productivos y para ello es necesario invertir más en innovación.

Todo esto no lo dice quien suscribe, sino la OCDE en su último informe sobre la economía española, donde se añade que «los jóvenes y los trabajadores con baja cualificación son quienes más sufren el desempleo, al tiempo que subsiste un nivel muy elevado de paro de larga duración». No debemos olvidar que esta situación agrava los riesgos de consolidar la desigualdad lo que, a su vez, afecta negativamente al crecimiento potencial y a la cohesión social.

Gurría también manifestó que, en particular, le preocupa el alto nivel de pobreza infantil, con una tasa del 24%, lo que duplica a la media de los países de la OCDE, con un gasto social en la infancia muy inferior al promedio de los de dicha organización, siendo particularmente bajo el relativo a la primera infancia.

Como empieza diciendo el citado informe de la OCDE, nuestro país «disfruta de una sólida recuperación económica». Tanto en 2015 como en 2016 el PIB ha crecido por encima del 3%, a pesar de lo cual todavía estábamos, en términos reales, por debajo del nivel alcanzado en 2007, antes del estallido de la crisis.

Pero cuando se presume del crecimiento del PIB, echo en falta que se cite que la participación de las rentas salariales ha pasado de suponer el 48,35% del total, en 2007, al 47,23% en 2016; es decir, 1,12 puntos porcentuales menos de participación de los salarios en la renta total, lo que supone una merma de casi 12.500 millones de euros. Y es que si de lo que se trata es de intentar valorar el desarrollo económico y la calidad de vida de las personas, necesitamos ir más allá del PIB.

El PIB es el valor, a precios de mercado, de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Es la medida más ampliamente utilizada para valorar la actividad macroeconómica y su cálculo está regido por normas internacionales. Ahora bien, con demasiada frecuencia, se utiliza como un indicador del progreso y del bienestar económico, cuando no nos aporta información alguna sobre aspectos tan claves como la desigualdad, la cohesión social o la sostenibilidad medioambiental.

No quiero decir, ni mucho menos, que el PIB sea una medida errónea, pero sí que, muy a menudo, se emplea de una forma equivocada. Si pretendemos medir el desarrollo económico y el bienestar social, basándonos, exclusivamente, en el PIB, estamos cometiendo un error.

Esto explica que, en la actualidad, exista una diferencia tan grande entre lo que, por una parte, parecen indicarnos las mediciones habituales de las variables macroeconómicas, como el crecimiento, la inflación o el desempleo, y la percepción que, sobre esos mismos asuntos, tiene un ciudadano común. Veamos lo que nos resulta más próximo: la medición del crecimiento del PIB en España, en los últimos dos años, da a entender que la economía funciona mucho mejor de lo que la inmensa mayoría de las personas perciben en su realidad cotidiana.

El problema es que cuando los ciudadanos dejan de confiar en las cifras oficiales, se está pervirtiendo el debate público sobre el estado de la economía y las políticas que han de ponerse en práctica. Y, repito, eso no quiere decir que el PIB esté mal calculado; lo que significa que es que se puede utilizar para transmitir una imagen que se aparta mucho de la realidad que viven las personas.

Con un carácter más general, podemos decir que, fijándonos en la evolución del PIB en los primeros años de este siglo (hasta 2007) observaremos unos resultados aparentemente muy brillantes, tanto de la economía mundial como de la española. Pero en la medida en que la contabilidad nacional no fue capaz de posibilitar alertas precoces, suficientemente eficaces, sobre lo que se nos venía encima, podemos concluir que aquellos resultados, en realidad, lo eran en detrimento de la evolución futura de la economía. Si hubiéramos sido más conscientes de los límites de la medición del PIB, probablemente la euforia derivada de ´tales éxitos´ hubiera sido menor.

El estallido de la grave crisis financiera internacional hizo que el Gobierno francés encargara a una comisión, presidida por el Nobel Joseph E. Stiglitz, un informe para determinar los límites del PIB como indicador de los resultados económicos y del progreso social, así como para reexaminar los problemas relativos a su medición y la conveniencia de obtener datos adicionales para disponer de indicadores sobre el progreso social.

El mensaje clave de las conclusiones de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social (que así se la denominó) es que «ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la de la producción económica y que, además, se haga en un contexto de sostenibilidad». Es decir, resulta necesario elaborar un sistema estadístico que complemente las mediciones de la actividad mercantil (absolutamente necesarias) con datos que tengan por finalidad proporcionar información exhaustiva sobre aspectos muy relevantes sobre el desarrollo de la sociedad y el progreso, como la cohesión social, la accesibilidad y asequibilidad de los bienes y servicios considerados básicos (educación, salud, calidad del aire, etc.).

Las reflexiones sobre cómo complementar el PIB no son nuevas, de hecho, la Comisión Europea también envió una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, en esa misma dirección. Pero es evidente que, mientras no se resuelva el problema, resulta conveniente recordar tales reflexiones de vez en cuando, porque si nos importa la cohesión social, el bienestar de las personas, la lucha contra la desigualdad o la sostenibilidad medioambiental, es necesario ir más allá del PIB.