En el debate de investidura del actual presidente regional, en junio de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista advirtió de los grandes riesgos que suponía investir a un presidente bajo sospecha, inmerso en diversas investigaciones judiciales, de carácter penal, que nos iba a llevar a un escenario político de interinidad nada positivo para la estabilidad que necesita la Región de Murcia. En el devenir del desenlace de los acontecimientos se confirman los riesgos que advertirnos situándonos en un escenario de total inestabilidad política, debido tanto a su imputación judicial como a su falta de ejemplaridad en la ética pública.
Desde que tomó posesión Pedro Antonio Sánchez López, la agenda del Gobierno se ha ido eclipsando por las actuaciones judiciales y los tiempos procesales en relación con las causas abiertas, pendientes y en curso judicial que pesan sobre el presidente de la Región de Murcia, poniendo en jaque la estabilidad de un gobierno que pende y depende continuamente de la acción de la justicia, que ensombrece y anula la actividad de gobierno, y que, alargando más esta situación, irán en aumento los efectos negativos que hoy día ya tienen sobre el crédito de las instituciones democráticas, la imagen y reputación de nuestra Comunidad autónoma y la economía regional.
Pedro Antonio Sánchez, el actual presidente regional, ha faltado y falta a la palabra dada, ha incumplido e incumple lo que firma y ha quebrado y quiebra el principio democrático de cumplir el mandato de la ley que emana de la misma cámara legislativa que lo invistió presidente. Un paso más en el desprecio a las instituciones democráticas, en una huida a hacia delante, para no asumir ninguna responsabilidad política sobre hechos ajenos a la acción de gobierno y que arrastra desde lejos.
Nunca antes, la Región de Murcia había sido objeto del foco mediático con tanta intensidad; abriendo informativos nacionales, tertulias, portadas de periódicos, y escándalos de filtraciones ventajistas y de parte, de cafés y cervezas de amiguetes, que afectan a los instrumentos del Estado democrático y de Derecho. Estas últimas actuaciones no aportan luz, sino que suman más oscuridad, sospechas e incertidumbres al largo proceso que le espera a quien ostenta la más alta autoridad de la Comunidad autónoma.
La sociedad murciana asiste a esta situación con pavor y hastío, en medio de un contexto sociopolítico de desafección, desconfianza hacia los políticos y las instituciones públicas, al ver confirmado lo que se venía barruntando desde lejos y hoy día confirmado: tenemos un presidente aprovechándose de las instituciones de todos para resolver un asunto de carácter personal, un presidente que se atrinchera en el cargo a toda costa haciendo un uso interesado del aforamiento, un presidente que arrastra a la Región de Murcia a una situación límite e insostenible. Todo ello nos ha conducido a sufrir esa inestabilidad institucional que padecemos, poniendo en entredicho la reputación y la imagen de la Región de Murcia y minando el crédito de las instituciones democráticas.
En este tiempo se exigen garantías de ética pública en los representantes políticos que están al frente de las instituciones públicas; no es un aspecto negociable de la responsabilidad política, ni para los socialistas, ni para la inmensa mayoría de la sociedad murciana, que asiste impávida en el devenir de los acontecimientos. Necesitamos enviar un mensaje de tranquilidad, de estabilidad institucional y de compromiso político con los intereses generales de la Región de Murcia.
Sin duda, esta situación no puede mantenerse por mucho tiempo. Esta Región necesita un Gobierno que gobierne, manifiestamente defensor de la ética pública, que sea capaz de generar una esperanza social en nuestro futuro como región y ponga en marcha la superación de la indolencia, la ineficacia y el descrédito ético que el actual Gobierno ha creado.
El Partido Socialista ha presentado una moción de censura a Pedro Antonio Sánchez. Lo ha hecho por coherencia, por responsabilidad con la sociedad murciana y porque, transcurridos ya 55 días desde su imputación judicial, no ha entendido que debía abandonar su cargo. Los socialistas de la Región de Murcia le hemos pedido que dimitiera el presidente en reiteradas ocasiones, hemos esperado a que Ciudadanos pudiera hacer cumplir su acuerdo de investidura y, una vez agotadas estas opciones, hemos decidido utilizar el instrumento que la sociedad ha puesto en las manos únicamente del Partido Socialista: la moción de censura. Lo hemos hecho con firmeza, pero sin prisa; explorando todas las opciones, pero sin agobios; y, sobre todo, lo hemos hecho con coherencia, poniendo al servicio de la ciudadanía de la región la herramienta institucional (la moción de censura) que se nos dio en las urnas.
Los partidos políticos Ciudadanos y Podemos tienen ante sí la única oportunidad posible de demostrar, por la vía de los hechos, cuáles son sus prioridades políticas para solucionar la crisis institucional que padece la Región de Murcia. Tienen que optar por mantener a un presidente y un gobierno que han mentido, que han incumplido las leyes regionales sobre ética pública y buen gobierno, que han faltado a la palabra dada y que tienen su ejemplaridad a la altura del betún; o bien sumarse a un acuerdo plural conducido a restablecer la ética pública y la dignidad política, no sólo de los gobernantes regionales, sino de toda la sociedad de la Región de Murcia, hastiada ya de aparecer mediáticamente como una región denostada por todo lo ocurrido.
El Partido Socialista de la Región de Murcia ha demostrado siempre que es capaz de sentarse a acordar, que cumple sus acuerdos, que va con la verdad por delante y ése es, a todas luces, el camino que hemos emprendido para devolverle a la Región de Murcia esa dignidad y ética públicas que el Partido Popular les ha arrebatado.
