Qué mejor cita para hablar de libertades que nuestra propia Constitución. La Carta Magna establece en su artículo 27 el derecho a la educación como un derecho fundamental y significativo para el desarrollo del individuo y de la sociedad; correspondiendo a la Administración educativa velar porque se garantice su cumplimiento.
En el sistema educativo español coexisten la educación pública, la educación concertada y la educación privada, siendo responsabilidad tanto del Gobierno nacional como del Gobierno regional el impulso y la extensión de los primeros dos modelos con el firme objetivo de ofrecer y defender la libertad de elección de centro para las familias.
Actualmente, en la región de Murcia el 71,3% del alumnado está matriculado en centros públicos, frente al 24,4% de alumnos que lo están en centros concertados y un 4,2% en centros privados. Estos datos posicionan a la Región de Murcia un 3,4% por debajo de la media nacional en cuanto a alumnado matriculado en centros concertados y privados. En las enseñanzas de régimen general, el número de centros públicos en la Región de Murcia es de 501, los cuales acogen un número total de 200.611 alumnos matriculados y cerca de 19.000 docentes; por otra parte, son 120 los centros concertados que escolarizan a su vez a más de 77.642 alumnos, atendidos por más de 5.000 profesores.
El presupuesto para este año de la consejería de Educación asciende a 1.323 millones de euros, lo que supone un aumento de 21,7 millones de euros respecto del año pasado. Por tanto, el Gobierno regional incrementa sus esfuerzos en pro de la mejora de la calidad educativa en la Región. Una educación que no pasa por un único modelo, sino por varios, y es ahí donde reside el derecho de las familias a la libre elección para la educación de sus hijos.
En este sentido, los centros educativos concertados constituyen, lejos de antiguos prejuicios, una masa heterogénea de realidades y contextos socioeconómicos en nuestra Región, siendo muchos de ellos ejemplos de inclusión e interculturalidad que desarrollan proyectos educativos basados en la diversidad y que defienden planes educativos innovadores a través de metodologías novedosas merecedoras de reconocimientos a nivel regional y nacional, como tantos otros centros públicos de nuestra Región.
Un Gobierno responsable, democrático y que apuesta por la libertad, debe garantizar el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos en consonancia con sus propias convicciones. Del mismo modo, ha de sostener esos centros y hacer valer el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a una educación gratuita y de calidad en pro de la consecución de la igualdad de oportunidades.
En consecuencia, la nueva Orden de Conciertos Educativos tiene como principal objetivo garantizar la libre elección de las familias y los alumnos, así como velar por la estabilidad económica y laboral de las personas que prestan sus servicios en estos centros educativos, desde la labor encomiable de los maestros y maestras, profesores y profesoras, así como el resto de trabajadores que día tras día, hacen posible que la libertad de enseñanza sea una realidad en nuestra Región.
Esta diversidad en los modelos de enseñanza, nos ofrece una magnífica oportunidad de mejorar la realidad educativa que vivimos y proveer a nuestros jóvenes de una mejor calidad de futuro, basada en un amplio abanico de posibilidades que les harán ser ciudadanos mejor preparados.
