Pulso político

Los comedores públicos y la contratación responsable

26.09.2016 | 04:00

Un nuevo mes de septiembre, y con él la vuelta de nuestros hijos e hijas a las aulas, de nuestros mayores a las residencias o centros de día y quién sabe si no volverán también a los medios las protestas y denuncias de Asociaciones de Padres y Madres y otros colectivos de usuarios reclamando mayor calidad en los comedores públicos de escuelas y hospitales entre otros; protestas que han protagonizado verdaderos escándalos en los últimos años, como el del famoso sándwich de atún que recorrió redes y medios en todo el país.

Por eso, quizás sea el momento de insistir en que se lleve a la práctica en toda la Región la moción aprobada por unanimidad por todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, a iniciativa de Podemos, sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales. Esta iniciativa pretende que el Gobierno regional asuma su responsabilidad con el derecho a la alimentación de todos los murcianos y las murcianas, dictando unas Instrucciones que definirán las cláusulas que permitan suministrar alimentos con criterios sociales y medioambientales en los centros públicos de la Administración regional. Se trata de una iniciativa necesaria que debe ser puesta en marcha lo antes posible, antes de que muera en el olvido en algún cajón del Gobierno regional.

Con esta moción se apuesta por primera vez en nuestra región por la contratación pública responsable. Es un cambio importante, considerando que se trata en este caso de la comida de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros mayores, de las personas dependientes, de los usuarios y las usuarias del sistema de salud. Un cambio que además ha de convertirse en irreversible y ampliarse a toda la contratación pública tan pronto como se realice la transposición de la Directiva UE 2014/24, que obligará a las Administraciones públicas a impulsar la contratación pública responsable y por tanto, a procurarle mayor visibilidad; no como un fin en sí misma, sino como la potente herramienta jurídica que es para el cumplimiento efectivo de los fines sociales, ambientales o de investigación de toda Administración pública.

La contratación pública responsable es una herramienta poderosa, pues según datos de la UE representa el 18% del PIB, y en el caso particular de nuestra región, podría imprimir gran dinamismo al maltrecho sector agro-ganadero, generar empleo y posicionar nuestros productos en el mercado interno. Medidas sencillas y necesarias, beneficiosas para nuestros agricultores y cooperativas de la mayoría del tejido agrario local.

En demasiadas ocasiones el Gobierno regional y su responsable de agricultura, la consejera Martínez-Cachá, se han dejado fotografiar demostrando su cercanía con el sector. Sin embargo, lo que no han hecho es demostrar esa cercanía apoyando institucionalmente al verdadero producto local. ¿Qué mejor manera de potenciar la riqueza de nuestros productos agroalimentarios, especialmente ecológicos, que adquiriéndolos a través de procedimientos de licitación para que abastezcan a la propia administración regional y alimenten saludablemente a escolares, ancianos, enfermos, etc.?

Nuestra propuesta no sólo responde a imperativos legales sino que además está cargada de sentido común, pues la introducción de cláusulas sociales y medioambientales conllevaría la compra de productos de cercanía, más frescos y por tanto de mayor calidad; más sostenibles y respetuosos con el medioambiente, puesto que no tendrían que ser conservados en cámaras frigoríficas ni recalentados antes de servirse, con el consecuente ahorro de energía, una huella ecológica inferior por ser producción local y la consecuente disminución de intermediarios en la cadena de distribución.

Por el contrario, en la actualidad, un puñado de grandes multinacionales controlan el servicio de abastecimiento de alimentos y de servicios de buena parte de los comedores escolares, residencias, centros y hospitales de la región. Participan de estas multinacionales fondos de capital riesgo y las grandes empresas de siempre, con accionistas de muy dudosa reputación. A estas compañías confían Ayuntamientos y Comunidades Autónomas por todo el país, incluida Murcia, la alimentación de escolares, enfermos y ancianos, sin que sirvan para evitarlo las numerosas quejas que acumula cada una de ellas por parte de asociaciones de padres, madres, usuarios de la sanidad, sindicatos y otros colectivos, ni los expedientes abiertos en comunidades enteras por la mala calidad de los alimentos y de lo que no son alimentos...

Entendemos el enfado de padres y madres. «Sus chapuzas se las comen nuestros hijos», leíamos en una pancarta hace unos meses. Entendemos también el disgusto de los agricultores de nuestra región y creemos llegado el momento de poner en práctica políticas públicas para la mayoría, mediante una intervención de la Administración no solo en lo económico, también en su faceta pedagógica y de sensibilización, a favor de la economía local, de los pequeños y mediano productores, y de una alimentación más sana y saludable.

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