Hace unos días se hacía público el último informe de la OCDE donde se pone de manifiesto que España no ha corregido las desigualdades sociales en el ámbito educativo. Según este estudio, los niños pobres tienen hasta tres veces mayor probabilidad de conseguir un bajo rendimiento, a la vez que el alumno que acude a un colegio concertado y de mejor nivel social tiene una mayor probabilidad de sacar buenas notas. El informe, titulado Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito, trata del rendimiento de los estudiantes de 15 años en el informe PISA, una evaluación que mide su nivel en matemáticas, ciencias y lectura. Y los resultados son tan demoledores, sobre la educación pública en España, que la OCDE alerta de que un bajo rendimiento en la escuela conlleva un mayor riesgo de abandonar los estudios, prematuramente y, como resultado de esto, más dificultad para conseguir trabajos mejor remunerados, por lo que todo ello puede tener «consecuencias severas para los estudiantes y para la sociedad en su conjunto».

En definitiva, y según la OCDE, en España la probabilidad de tener un bajo rendimiento es 2,6 veces mayor entre el alumnado que no acude a colegios privados o concertados „»después de ajustar por el estatus socioeconómico de los estudiantes»„ mientras que esa media de la OCDE es de 11,3 veces.

Son datos irrefutables que deberían de hacer pensar a nuestros gobernantes, que tienen una especial responsabilidad hacia los ciudadanos.

Pero no, aquí, y concretamente en esta comunidad nuestra, nos podemos encontrar con el viejo y manido discurso de nuestros regidores „esos que procuran dinero a importantes colegios religiosos que imparten la enseñanza segregando por sexos„ diciendo cosas como que «un Gobierno responsable, democrático y que apuesta por la libertad, debe garantizar el derecho de los padres a elegir el centro educativo en el que quieren que estudien sus hijos», en palabras de la vicesecretaria sectorial del PP regional, Severa González, o el presidente del Gobierno regional que vino a decir algo parecido, hablando de la pretensión de los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, de incrementar los presupuestos en educación para los colegios públicos en detrimento de los concertados.

Porque sí, los institutos, los colegios públicos en la Región, están para hacérselo mirar: sin calefacción la mayoría de ellos, sin aulas en condiciones, sin laboratorios, sin instalaciones deportivas adecuadas, y no es necesario hacer una relación de los que están así porque son muchos: desde Yecla a Molina, pasando por Alcantarilla y una lista que se haría interminable. Las instalaciones de los colegios públicos son para hacer llorar. Y mientras tanto, en el colmo de la demagogia se nos dice, en palabras del presidente, que «un Gobierno responsable debe garantizar el derecho de los padres a elegir el centro educativo en el que quieren que estudien sus hijos». Por supuesto, nadie discute el derecho que él tiene para elegir el colegio de sus hijos, pero tampoco podrá discutir que otros padres, menos afortunados, también estén en su derecho de esperar que sus hijos reciban la mejor formación. Que sus hijos no se queden sin clases cuando un profesor se pone enfermo y no cuentan en el colegio con sustitutos; esto está ocurriendo un día sí y otro también; que sus hijos no tengan que ir a clase vestidos como para ir al Polo Norte porque no conocen la calefacción, que sus hijos no puedan hacer deporte porque no cuentan con las instalaciones adecuadas.

No, no discuto el derecho que el presidente tiene de elegir el colegio para sus hijos, pero defiendo el derecho que otros padres tienen de demandar un mínimo de dignidad en la enseñanza para los suyos. Y defiendo, también, que mis impuestos sirvan para procurar una educación pública más digna.