Me alerta Cide Hamete Benengeli con la noticia de un entuerto sin desfacer: la Seguridad Social multa a dos Premios Cervantes, Antonio Gamoneda y José Manuel Caballero Bonald, por percibir ingresos incompatibles con la pensión de jubilación, los derechos de autor de sus libros. El historiador arábigo del que Cervantes tomara su hidalgo personaje, incluso señala el contrasentido de que los herederos podrán disfrutarlos junto con la exigua prestación de vejez que pudieran devengar, o con otras rentas inmobiliarias o del capital. ¡Pero en qué país vivimos! ¿Es que nos hemos vuelto todos locos? Parece ser que una reforma del 2013, otra más, es la responsable de semejante desafuero. No son los únicos. Que hasta Eduardo Mendoza se plantea dejarnos huérfanos de sus letras.

¡Ah, qué tiempos aquellos en que los parisinos tomaron la calle y las armas contra un rey felón! Fue el 14 de julio de 1789 y les puedo asegurar que nuestra democracia, bueno perdón, lo que queda de ella, le debe mucho a aquel arrebato de la toma de la Bastilla y todo lo que, ya saben, vino después. Es también la forma de gobierno que luce en los países de nuestro entorno, es la de una idea del control jurisdiccional de las potestades administrativas, de la independencia judicial, de la separación de poderes, la del ciudadano en lugar de súbdito. Es mucho, muchísimo más de lo que cabe en la brevedad de este artículo. Les apunto algo que, sin embargo, no nos ha llegado a España de aquella renovación política total: la pulcritud de la Administración y el sentido de Estado; no porque los ilustrados que tomaron el modelo francés no tuvieran estos dos principios, sino porque se impuso la interpretación carpetovetónica y el modelo francés fue copiado de manera nefasta. Y eso aconteció. porque nuestras Administraciones públicas se politizaron, y así siguen, hasta la médula; porque la carrera funcionarial se desvirtuó, porque los directores generales son políticos y porque muchos cargos administrativos son de libre designación de éstos, lo que lleva a que el grado de politización hunda sus raíces en el escalafón, hasta formar una tramado y urdimbre. Eso además de las trapacerías de nuestros regidores, que no convocan concursos de traslado, que manipulan las convocatorias de empleos públicos, etc. ¿Sabe usted, amable lector, la cantidad de concursos fotográficos que convocan las Administraciones públicas? Porque la relación de méritos puntuables se ajusta al perfil de un concreto aspirante, aquél en que piensa Nepote.

Pienso en el Víctor Hugo que tanto admiraba ese espíritu revolucionario, en su Jean Valjean, el exconvicto que llegó a redimirse merced a la bondad infinita del obispo de Digne; en el comisario Javert, el implacable perseguidor del que sin duda bebió el guionista de El Fugitivo; representa a la justicia ciega, el brazo tonto de la ley, que diría Santiago Segura.

Tan indignante me parece, que desde estas páginas me ofrezco como abogado, ni siquiera de oficio, sino gratis, para llevar al Tribunal Constitucional, si fuere preciso, ese pleito que la señora ministro de Empleo y Seguridad Social está pidiendo a gritos. Pues por mucha reforma imbécil que se haya hecho de las prestaciones de la Seguridad Social, creo que todavía tenemos una Constitución que está por encima, para consagrar el derecho al trabajo y proscribir la expropiación de la propiedad intelectual. Por mucho que se trate de una prestación pública, la pensión no deja de ser un seguro, que se devenga cuando el trabajador alcanza la edad de jubilación. Claro que, si la convertimos en un impuesto, habrá que denunciar su efecto confiscatorio.

Y me van a permitir el exabrupto ya que no encuentro otra manera más fina de decirlo, porque el legislador autor de tamaña tropelía merece ser declarado incapaz por méritos propios. Eso me lleva a extender el calificativo a una mayoría de las anteriores Cortes Generales. Me da igual el color de quien aprobara la reforma, los otros habrían, ¿qué habrían? hicieron lo mismo cuando tuvieron oportunidad.

Decía Manuel Fernández Álvarez, hispanista en un país en el que no existían, a raíz de su best-seller sobre Juana la Loca, que el éxito editorial le había llegado tarde, que lo hubiera agradecido en los tiempos de la exigua cazuela y el hueso de jamón de la posguerra. Aunque también reconocía que si le hubiera llegado entonces, no habría podido escribir tanto como escribió. Pero la inspección de la Seguridad Social no tiene como propósito que disfrutemos de nuestros excelsos escritores, pues poco le importa la estrechez de sus bolsillos jubilares.

Pienso en Gabriel Celaya, haciendo honor a una generación anterior a la suya, ínclitos y paupérrimos, que quedó embargado por sus versos: «La poesía es un arma cargada de futuro». Pero no lo fue para él. Murió casi en la indigencia, cuando después de una intervención quirúrgica se hizo público que no podía pagar las atenciones hospitalarias. Si los índices de lectura de hace décadas en España eran bajos, los de poesía no aparecían ni en las estadísticas. Sobre la pobreza en la que pudo morir Benito Pérez Galdós parece que hay cierta duda y que pudo ser la retórica necrológica de Ortega y Gasset la que hizo leyenda de su funeral, pero ninguna duda acerca de la de Cervantes, cuyas penurias fueron conocidas para sorpresa del mismo W. Shakespeare. De manera que si nuestro más insigne novelista tampoco gozó de holgura económica, nos encontramos ante un caso de secular maltrato a las letras, que cierra con este episodio la bochornosa y vergonzante historia de terror, que todos ustedes pueden seguir en cómodos fascículos a través del Boletín Oficial del Estado.