Hay un punto de cristalización para todo. Y hemos llegado a él. Durante un tiempo, se ha venido hablando de la necesidad de reformas en el dispositivo constitucional. Las voces salían de aquí y de allá, y mostraban que el consenso constitucional se había roto. Esas voces parecían lejanas y abstractas, más bien espectrales, porque teníamos un Gobierno de mayoría absoluta aplastante. Ahora sabemos que las palabras en política no se pronuncian en vano. La falta de consenso constitucional siempre, tarde o temprano, se traduce en ingobernabilidad. Y eso es lo que ha cristalizado. Ahora casi todos, protegidos por esa falta de consenso, tienen en sus manos la poderosa herramienta del veto. Y los que hablaron en serio de cambios, y no por una mimesis oportunista, la van a ejercer.

Pero hay algo más: esa falta de consenso constitucional es resultado de una crisis que ha desestabilizado los estratos de la sociedad española. Aquí, las clases medias conservadoras han volcado su confianza en el PP, y han dejado al PSOE como un partido subsidiario, salvo en Andalucía y Extremadura, donde su capacidad de sostener un país agónico es muy bien remunerada en las urnas. En todo caso, el PP y el PSOE han perdido toda capacidad de conectar con nuevas capas de electores. Mantiene fidelidades inerciales en muchos sitios, con una pequeña diferencia: quienes ante todo buscan refugio contra la inseguridad y la inestabilidad, se entregan a quien puede darlas, el PP. Este movimiento deja al PSOE ante una situación política complicada. Rajoy puede aspirar a recuperar los votos de Ciudadanos. No veo la manera de que los votos de Podemos sean reversibles hacia el PSOE. Así que la divergencia creciente en los estratos sociales, poblacionales y territoriales explica la falta de consensos constitucionales y refuerza la traducción de ingobernabilidad.

El cristalizado siempre tiende a la mineralización. En el presente español, también. Si miramos las cosas desde esta capacidad de veto, el PP tiene la mayor fuerza de decisión en sus manos. Nada se puede hacer sin él y, por lo tanto, nada se hará. En el Congreso tiene la mayoría de bloqueo de cualquier reforma constitucional. En el Senado dispone de mayoría absoluta. Así que en esta legislatura no se podrá llevar a cabo reforma alguna, porque el PP tiene una lógica histórica: que nada cambie. Para él solo se trata de formar Gobierno. Y por eso, nos propone la vida de los minerales. Duradera, inerte. Aspirar a la desnuda gobernación sin más es aspirar a una utopía de estabilidad, que no hará sino profundizar en la crisis española. Aplazará el cambio, pero no lo impedirá.

Así las cosas, tenemos dos opciones: una, secundar la tesis del PP de que todo lo que hay que buscar es un Gobierno estable, aunque sea de modo excepcional. La otra es trabajar en un nuevo consenso constitucional que haga posible algo bien sencillo, un nuevo contrato general a través del cual gobernar no sea una excepción. O buscar un nuevo consenso constitucional, social y generacional o prolongar la agonía de lo que hay. No hay más opciones. Ambas son difíciles y por eso estas elecciones son transicionales. No deciden ni una cosa ni la otra. Cuando las fuerzas políticas hablaron de una segunda transición acertaron. En eso acabamos de entrar. Lo que ha cambiado en el pronóstico es el plazo de cierre. Y por eso el mapa político no se ha estabilizado ni ha entrado en zona decisoria. Pablo Iglesias lo comprendió cuando en su comparecencia recordó las líneas maestras de su programa. Ya entonces pensaba en el futuro. Lo que deseaba decir es que la batalla no ha hecho sino empezar y que se trata de ganar posiciones para un cambio real que estas elecciones en modo alguno excluyen. Como elecciones transicionales, abren el espacio para ello.

Si la consigna de formar un Gobierno estable se impone como prioritaria y absoluta, entonces sólo hay una salida. Los partidos responsables de la situación actual, los que nos han llevado a la crisis orgánica a la que nos asomamos, tendrán que sacrificarse y atenerse a ese imperativo de responsabilidad. Ellos han roto el país y lo han hecho ingobernable y ellos tendrán que ver cómo lo gobiernan con sus reglas. Los demás pueden asumir que sólo gobernarán para cambiarlas. Dada la dureza mineral del PP, me temo que todo fuerza a la gran coalición y al sacrificio de Pedro Sánchez, desde luego. Pero nadie puede dudar de que las expectativas de los dos miembros de esta gran coalición, destinada a la mineralización de la política española, sean muy desiguales.

¿Qué esperanzas le queda al PP con esta gran coalición? Ciertamente, muchas. La primera mostrar lo baldío que es el voto a Ciudadanos y albergar la expectativa de reagrupar posiciones y recuperar una mayoría holgada de derechas, que logre beneficiarse en el futuro de la fragmentación de la izquierda. En este sentido, la estabilidad le concede tiempo exclusivamente al PP. En realidad, se lo quita al PSOE. O mejor: el tiempo que beneficia el reagrupamiento del PP, profundiza el desmembramiento del PSOE. Pues el PP sabe que el sacrificio de Pedro Sánchez llevará al PSOE a una crisis todavía más honda. A cambio de ese sacrifico, el PP puede devolverle al PSOE un pequeño favor. Si Ciudadanos vuelve a la insignificancia, es posible que las masas del cinturón periférico de Barcelona regresen a un PSC que, de darse la gran coalición, ya habrá purgado las veleidades nacionalistas y federalistas para siempre. Pero no cabe hacerse ilusiones. Sería un favor menor, comparado con la crisis del partido en Madrid, Valencia, País Vasco, Galicia y en parte de Andalucía. La mayor ventaja de ese Gobierno de coalición se la llevará el PP. Con cuatro años de hegemonía política y social, aspirará a estabilizar la idea de que España ha ultimado su forma histórica con una descentralización administrativa que obliga a mendigar al Estado el pago de las facturas de los servicios públicos. Desde luego, Andalucía será atendida para mantener su papel de soporte firme de la Constitución del 78. En suma, se estabilizará un paternalismo que deja abierta la puerta a intervenciones ulteriores, si llega la oportunidad y el caso.

Estamos ante una previsión que hunde sus razones en la más desnuda biopolítica. Justo por eso constituye una prueba de ese realismo político del que las derechas españolas han dado tantas muestras en su larga historia. Rajoy y su gente pueden aspirar a que se produzca algo bien sencillo: que sus votantes mueran más lentamente de lo que los jóvenes de Podemos tardan en desanimarse, ante la perspectiva de bloquearles la posibilidad de intervenir de forma decisiva en la política de su país. Así que estamos ante un símbolo de la nueva época: la juventud será sacrificada en el altar de una senectud hegemónica. La mayoría de los votantes del PP y del PSOE no morirán en los próximos cuatro años, como me comenta un amigo, pero se puede soñar con que los jóvenes de Podemos estén desilusionados en ese tiempo. Con un poco de suerte, incluso pueden irse al extranjero, donde resulta muy fácil dejarlos sin voto. Las metáforas de la vejez en todo caso dominan. En esta larga agonía del sistema siempre hay una constante que el gran estadista Felipe González no debería obviar: el PSOE que hemos conocido quedará tocado de muerte.

Así que todo, poco a poco, se va pareciendo al destino de la Primera Restauración. Las fuerzas que al principio de la misma ocupaban casi todo el espectro electoral, se van estrechando hasta configurar un único partido, que deja a más de la mitad de la población y a toda la juventud en el otro lado. No es un buen anuncio. Pero apenas hay margen. La otra alternativa, la razonable, es utópica frente a la durata de la época Rajoy. Si ahora se encarara lo único razonable, un cambio de la ley electoral que permitiera cumplir de forma más justa el precepto constitucional de igual valor de todos los votos (mediante un sencillo cupo abierto de diputados que se añadiese a los partidos perjudicados hasta que cada escaño valiese la misma cantidad de votos), un cambio básico en el sistema político de elección (listas al estilo alemán: con posibilidad de votar como lista cerrada, como lista abierta de partido y como lista abierta en general), un cambio del Senado como cámara federal, un cambio de las Diputaciones, un blindaje de la política social por la Constitución, un cambio de la Justicia, y se pactara un referéndum en Cataluña en un momento de desorientación independentista, el sistema recibiría la sangre fresca de una generación y se estabilizaría de verdad. Al poco regresaría la gobernabilidad.

Pero no se hará así, como ya sucedió en la Primera Restauración. No se llegará a las reformas razonables ahora, que es el tiempo maduro. En su lugar, se reclamará un tiempo de supervivencia de lo viejo que no podrá llevar sino a un tiempo de radicalización de lo nuevo. Ahora todo brota del entusiasmo de casi ocho millones de españoles que quieren cambios. Ese debería ser el asunto de España: no dejarlos con las manos vacías. Aquí y ahora, atender en parte sus demandas. Pero es más fácil y tradicional desear que, donde había entusiasmo, broten las aguas pantanosas del resentimiento. A la derecha nunca le importó que esa pasión triste anidase en amplias capas de españoles. Sabe que quien vive en ella, ya está en la derrota, porque el resentimiento impide ver claro. Por eso nada más urgente en estos momentos que mantener el entusiasmo y la pasión alegre. La divisa del triunfo de Podemos, «Sonreír, que sí se puede», ha de seguir en pie. Porque lo único que destruye el resentimiento es el trabajo serio de la inteligencia y la amistad cívica. En esos cinco millones de españoles sonrientes y decididos no puede prender el resentimiento, sino la inteligencia y el afecto. La gente de Podemos, hoy más que nunca, guarda la promesa del futuro de España en sus manos.