En la actualidad nos estamos enfrentando a un dilema estructural en el panorama universitario nacional y más concretamente regional. Simplificando al máximo, la sociedad debe optar por una de las siguientes opciones:
Proporcionar una oferta universitaria en concordancia con las necesidades y la demanda estimada por la sociedad.
Proporcionar una titulación universitaria a cualquier persona interesada en cursar dichos estudios.
El principal problema es que ninguna de las opciones es ideal. La primera de ellas puede verse como una imposición, poniendo límites a las vocaciones en base a unos análisis de las necesidades actuales y futuras de las diferentes titulaciones, algo que puede ser controvertido si no se hace bien o la estimación de la demanda futura no se realiza con rigor. En contrapartida, la segunda de ellas quizás es la más cómoda y por decirlo de alguna manera, ´libertaria´, que cada uno se forme en la universidad que estime y luego será la sociedad la que absorba, o no, a los titulados. Es en lenguaje coloquial ´dar una patada al balón´ y posponer el problema. El problema de una población formada, con inquietudes y aspiraciones sociales que ven con frustración, que todo su esfuerzo y el de sus familias no tiene futuro, o al menos futuro digno. La sobreoferta de cualquier bien tiene como consecuencia inmediata la depreciación de su valor, tanto a nivel económico como social.
Hace unos años, tener una titulación universitaria daba una cierta garantía y estabilidad social. Hoy, una oferta de 298 titulaciones universitarias en la Región de Murcia es cuestionable.
Decisiones equivocadas y cortoplacistas nos llevaron a inundar la Región de Murcia de complejos residenciales e infraestructuras sobredimensionadas. La sobreexplotación del terrenos nos está llevando también a que agricultores y ganaderos tengan que aceptar precios que no les permiten más que sobrevivir en el mejor de los casos. Con la oferta de titulaciones universitarias pasa algo parecido, pues la Región de Murcia contaba con reconocimiento nacional e internacional, egresados valorados por sus empleadores que hacían del sello ´Titulado Universitario por la Región de Murcia´ un sello de calidad y de garantía. Ahora nuestros gobernantes se enfrentan al dilema inicial: hacemos de la posesión de un título universitario un bien sostenible o por el contrario inundamos la Región de titulados, degradando su valor y su valía.
Son los que nos gobiernan los que tienen que tomar una decisión al respecto: queremos seguir el modelo chino, basado en una alta producción de baja calidad con precios muy competitivos, u optamos por acotar una producción de calidad.
Nuestros gobernantes tienen la oportunidad y la obligación de optar por un modelo u otro, mantener o incluso incrementar las 298 titulaciones de la región, o la oferta de plazas, pero también tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus decisiones, consecuencias que ya están marcando a toda una generación. En la actual situación, ¿cómo podrá el Gobierno regional justificar que la actual oferta de titulaciones es insuficiente para el desarrollo socioeconómico y cultural de la Región? ¿Cómo se justifica que existe una mayor demanda por parte de los sectores productivos de la región, de la nación o que hay una necesidad internacional de impartición de títulos ya existentes en el catálogo actual?
Estas cuestiones no son arbitrarias, quedan recogidas en el «Decreto 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y supresión de centros en las Universidades de la Región de Murcia´». Difícil papeleta, ya que existen varios informes elaborados por el propio ministerio de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de España, como por ejemplo el titulado Datos y cifras del sistema Universitario Español curso 2014-2015, que indican todo lo contrario.
Gobernar implica cumplir las normas y, sobre todo, tomar decisiones para el bien general, evitando el cortoplacismo y el oportunismo. Gobernar no es provocar tensiones o forzar votaciones, no es acatar sin más lo que se nos pone sobre la mesa sin asumir las consecuencias. ¿O sí?
