Geográficamente, han sido 36 pequeños seísmos los registrados esta semana en la Región, pero el más importante terremoto tenía el epicentro en el PP a siete meses vista de unas elecciones cuyos resultados se antojan abiertos e impredecibles, aunque podamos hacernos una idea aproximada de lo que ocurrirá si atendemos a las encuestas publicadas recientemente y a la que dará el CIS mañana, por todos conocida ya.
La corrupción ha vuelto esta semana con tanta fuerza que ha hecho temblar los cimientos del partido que gobierna la Región desde hace casi veinte años. En España ha ocurrido otro tanto. El estado de conmoción en el que se han sumido la mayoría de los populares murcianos, tanto los que tienen cargos de representación como los más cercanos simpatizantes, es de tal calibre que el ruido y la confusión presiden las declaraciones públicas y, sobre todo, las privadas que han hecho estos días aquellos que tienen alguna responsabilidad. Además, las decisiones parece que se han adoptado con más apremio que aplomo debido al hastío y la repugnancia que padece la sociedad ante la corruptela, pero la rapidez con la que se ha actuado contra los presuntamente salpicados por el nuevo caso ha dejado a la vista de todos demasiadas contradicciones. No hay un mensaje unívoco, lo cual crea una onda expansiva que multiplica las consecuencias que se avecinan.
La Operación Púnica salpicó a la Región, aunque aún no sabemos con precisión hasta qué punto estaba asentada esta trama en nuestra tierra.
Tiempo habrá (por desgracia, mucho tiempo, sólo tenemos que mirar los años que pasan para que concluya cualquier nuevo caso judicial, lo cuál nos lleva a preguntarnos si este estamento funciona como debería) para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, de manera inusitada, el PP ha reaccionado. De momento, la cúpula de la consejería de Juan Carlos Ruiz ha caído. Menos de 72 horas después de esta operación de la Audiencia Nacional, otro caso, que ha puesto patas arriba el ayuntamiento de Caravaca, volvía a hacer temblar a San Esteban al decidir el juez Carrillo la treintena de imputados que deberán desfilar por su juzgado de Murcia, incluidos el alcalde de la localidad, así como el ya exnúmero dos de la consejería de Fomento, que se aprestó a dimitir, así como otros altos cargos del Ejecutivo regional. A este paso, van a faltar candidatos a políticos.
Mención aparte merece el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, quien acudió a dar la cara por su antigua concejala y exdirectora general de Turismo, Mariola Martínez, cuando presentaba su dimisión por la Operación Púnica. En un gesto que le honra y que cada vez es más difícil ver en la clase política (debería decir, más bien, en cualquier clase de la vida) Contreras defendió a su compañera y arremetió contra su propio partido con unas palabras que le pueden costar caras. La valentía no está reñida con la sensatez y las poderosas razones que debe tener el regidor de Molina para enfrentarse a los poderosos de su formación le deben dar mucha tranquilidad de espíritu, tal y como se aprecia en su conducta y en sus declaraciones, que yo me permito aplaudir.
