Tengo la certeza de que mi artículo de la semana pasada titulado Paren que me bajo fue del gusto de muchos y del disgusto de unos pocos. Podría haber sido al revés, pero tengo la impresión de que son muchos más los que están indignados con el comportamiento de nuestros dirigentes, a diestra y a siniestra, que los que les hacen la ola.

Con esto no le quito un ápice de mérito, y de eficacia, a muchas decisiones impopulares que ha adoptado valientemente el Gobierno de España, aun a sabiendas de la sangría de votos que ello supone. A diferencia del Gobierno que presidió aquel supervisor de nubes metido a fontanero, que se empeñó en negar la crisis y la deprimente realidad económica hasta después de muerto, el Gobierno de Rajoy no solo no ha negado la cruda realidad sino que ha tenido que envainársela, la espada del programa electoral, se entiende, al tener que adoptar muchas medidas de restricción que no solo no estaban en su programa electoral sino que, en muchas ocasiones, lo contradecían abiertamente.

Mientras tanto, la izquierda, fiel a sus principios y con arreglo a los ensayos generales que puso en práctica con los perroflautas, ha sacado a la gente a la calle y la va a seguir sacando en un ejercicio colosal de cinismo político.

No, no estoy a gusto con las medidas que ha adoptado el Gobierno, no puedo estarlo si echo un vistazo a mi economía maltrecha de funcionario, pero aún lo estoy menos con las medidas que todavía no ha adoptado.

La semana pasada les citaba unas cuantas, incluida la reforma urgente y celérica de la Constitución para suprimir ciertas instituciones cuya existencia podría ser calificada de poco eficiente cuando no de superflua, así como la limitación o la eliminación sin más de algunos derechos y prebendas que hoy más que nunca se ven como privilegios injustificados. Pero, y esto es lo que realmente me indigna, hay muchas más medidas que debieran haber sido adoptadas y no lo han sido, tal vez porque los responsables de hacerlo sepan algo que yo no sé, tal vez porque no sepan lo que yo sé, o tal vez porque aún sabiéndolo ambos yo no haya tenido los redaños de decirlo antes ni ellos los arrestos de hacerlo sin que alguien se lo reclame.

Por ejemplo. Si la crisis económica es en origen una crisis financiera que ha obligado a destinar enormes cantidades de recursos públicos para evitar el colapso del sistema financiero y bancario, no tiene mucho sentido que únicamente sean los empleados del sector público quienes soporten los recortes salariales y de derechos.

Se me ocurre que tales medidas debieran ser aplicadas por igual a todos los empleados del sector privado, y muy especialmente a los empleados del sistema financiero y bancario, quienes, que yo sepa, no han visto en su conjunto disminuidas sus nóminas, ni reducidas a una sus pagas extraordinarias, ni han dejado de jubilarse anticipadamente, a los cincuenta y muy pocos años, con el cien por cien de la paga y una bonita indemnización. Y qué decir de los directivos bancarios y financieros.

Éste es justamente el dinero que el Estado, es decir, ellos y nosotros, debiera haberse ahorrado en sus aportaciones para sanear el sistema bancario. A lo mejor con ese dinero en caja no hubiera tenido que recortar gastos en servicios públicos.

Otro. La Corona no puede hacer mofa de los españoles que han visto recortados sus sueldos mileuristas, exhibiendo una rebaja del 7% o del 10% de sus sueldos de centenares de miles de euros al año. Son las Cortes las que tienen que fijar quiénes son los miembros de la Casa Real con derecho a percibir emolumentos del Estado y cuáles las cantidades máximas que han de percibir sus miembros en estos tiempos de especial dificultad para todos. Casi dos millones de familias tienen a todos sus miembros en paro y casi un tercio de la población de la Región está en el umbral de la pobreza. No es eso, Majestad, no es eso.

Y otro. El bochornoso espectáculo al que estamos asistiendo perplejos e indignados: unos Ayuntamientos que ´estudian la posibilidad´ de que sus concejales renuncien a la paga extraordinaria de Navidad y otros que simplemente ni se lo plantean; cargos públicos que cobran por conceptos que resultan difícilmente justificados en los tiempos que corren; políticos que simultanean varias percepciones económicas públicas, sean sueldos, dietas u otras formas de retribución; representantes del pueblo famélico que no renuncian a sus planes de pensiones ni a las prebendas de los tiempos de vacas gordas...