Si la Asamblea Regional aprobara el actual borrador de la Ley de Turismo, el Consejo Jurídico tendría que echar la llave a sus dependencias y cerrar el chiringuito. Estoy deseando ver al portavoz popular Juan Carlos Ruiz (técnico de Turismo) defendiendo un texto que presenta lagunas importantes.

La calidad será la primera víctima de esta Ley; así lo reconoce la propia exposición de motivos: «Ponemos en marcha una legislación no intervencionista. No sólo porque una menor reglamentación, que introduzca flexibilidad y no intente fijar todas las modalidades de actividad turística, se adaptará mejor a la innovación empresarial». Así que no se extrañe si dentro de un tiempo en algunas habitaciones de hotel se encuentre literas.

El propio consejero, cuando hace unos meses (07/08/2011) le preguntaron sobre si rebajaría los requisitos para abrir hoteles, contestó: «Evidentemente». El vicepresidente de Hostemur y responsable del hotel Arco de San Juan ha declarado que «es una ley valiente y liberalizadora que quita muchas trabas». Qué bien le habría venido esta normativa a este hotel cuando se inauguró, pero no contento con eso, dice que un hotel de cinco estrellas de Madrid aquí sería una pensión; aparte de ser un disparate, imaginemos por un momento que fuera verdad: sería motivo de orgullo y calidad para la Región que los turistas sepan que aquí las estrellas no van en el interior de las bolsas de las patatas fritas.

Pero la declaración más sorprendente viene desde Hostecar: «Esta ley evitará mucho el intrusismo en el sector», sobre todo si tenemos en cuenta que si hay un sector que queda en el limbo jurídico es el de restaurantes, cafeterías y bares.

Por eso, el único que parece ser que se ha dado cuenta del disparatado borrador ha sido el señor Baños, candidato a presidir la Asociación de Restaurantes de la Región: «No hay una consejería ni un organismo estatal que vele por nuestros intereses». (La Opinión, 6 de marzo 2012).

Hace poco, un conocido empresario hostelero de Cartagena escribía un artículo de opinión que empezaba así: «El turismo comienza en la Región con la entrada del PP al Gobierno, ya que antes había imperado el caos y la falta de organización en el sector, y que lo que ahora se necesita es un promoción suficiente». Pues si la actual consejería es el mejor antídoto para luchar contra el caos y la falta de organización, apaga y vámonos. De campañas publicitarias mejor ni hablamos, sobre todo ahora que después del turismo rosa vamos a por los judíos sefardíes.

En el artículo 29.2 (restauración) del borrador de la ley se encuentra uno de los mayores disparates, ya que dice textualmente: «Los establecimientos de restauración que lo soliciten y cumplan con los requisitos que reglamentariamente se determinen tendrán la consideración de turísticos y se inscribirán en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia». Se deja a un posterior desarrollo los requisitos que se han de cumplir para estar inscrito, pero ¿qué ocurrirá con los que no pasen el filtro de turístico? Imagino que habrá que quitarles el cartel de restaurante, ¿Y qué pasa con los que están ya inscritos y no quieran solicitar volver a inscribirse? Demasiadas lagunas, salvo que lo único que busque la consejería es cobrar de nuevo la Tasa de Ordenación de Actividades Turísticas, que por cierto, todo apunta a que tras dos años de recesión (2009 y 2010) vuelve a aumentar en 2011 por encima de niveles de 2007.

Si a esto sumas que la disposición transitoria segunda dice que «los restaurantes que se encuentren inscritos en dicho Registro tendrán un plazo de seis meses para comunicar su continuidad voluntaria en el registro indicado», nos encontramos con que probablemente muchos restaurantes, cafeterías y bares pasen a una situación que podríamos denominar de forma generosa a-legal.

Otro de los mayores disparates que lleva el borrador es la usurpación por la consejería de Turismo de funciones de la consejería de Economía y Hacienda. Imagino que alguien tendría que avisar a Función Pública de esta situación.

En su artículo 37. «Acción inspectora», el máximo responsable de la consejería se autoatribuye la potestad de habilitar a funcionarios cualificados (no sabemos con qué cualificación) la acción inspectora. No olvidemos que estos inspectores tendrán la consideración de agentes de la autoridad. Es decir, se abre la posibilidad de nombrar a dedo a una figura tan importante como es la acción inspectora, para lo bueno y para lo malo.

Lo que no entiendo es la prisa que nos ha dado para aprobar este borrador de ley, cuando lo normal sería consensuarlo con los grupos de la oposición, con todos los profesionales del sector, y sobre todo, esperar a que el ministro del ramo, José Manuel Soria, publique la prometida Ley de Bases del Turismo.

Nota. La consejería del ramo empieza a ser un rompecabezas difícil de entender. Se proponen altos cargos que no hace mucho ´lideraban´ listas de IU, se ficha a asesores del otro extremo ideológico... Menos mal que el futuro de esta Región pasa por el turismo, que si no...