Justicia

El juez envía al Supremo un informe muy crítico con Victoria Rosell

Un juez acusa a la magistrada, diputada de Podemos, de provocar un retraso "inexplicable" en una causa

23.04.2016 | 17:43
La jueza y diputada de Podemos Victoria Rosell

El juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un contundente informe sobre la actuación de la juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, que le precedió en este órgano, en el que da cuenta del retraso "evidente e inexplicable" el sufrido por una investigación que ésta inició contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, a pesar de contar con juez de apoyo en esos momentos.

El escrito responde a una petición que le realizó el alto tribunal el pasado día 13 para que informara sobre las "vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso" contra Ramírez en el marco de una querella presentada por el exministro de Industria José Manuel Soria, contra la juez en excedencia.

La petición la adoptó el alto tribunal con carácter previo a resolver si admite o no a trámite la querella interpuesta por Soria contra Rosell por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho al entender que la diputada de Podemos pudo favorecer a Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, Alba concluye que "NO -las mayúsculas son del juez de Las Palmas- ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal , de práctica de diligencias de instrucción durante más de un año , y si se ha de destacar alguna incidencia es la de la existencia de dos jueces de instrucción durante la tramitación de gran parte de este procedimiento lo que hace difícilmente explicable su duración" .

Alba también apunta que en los últimos cinco meses, desde que él se hizo cargo del asunto y sin contar ya con un juez de refuerzo que él ha visto innecesario, ha debido dar impulso al procedimiento contra Ramírez -abierto por delitos fiscales y contra la seguridad social- y resolver diligencias que llevaban casi dos años paralizadas por Rosell, como sobre la fianza solicitada por la acusación, diversas pruebas periciales y tomas de declaración a investigados, e incluso la incorporación de documentos contables de todos los años a los que se refiere la investigación.

"Y ello, compatibilizando el cargo de juez de instrucción con el destino del que soy titular en la Audiencia Provincial de Las Palmas", subraya el juez Alba, que destaca que a lo largo de todo un año, entre julio de 2001 y el mismo mes de 2015, Rosell únicamente dictó un auto relativo a esta causa, que resolvía un recurso interpuesto por el ministerio fiscal en abril del año anterior.

"Ello pese a existir escritos de ampliación de querella, solicitud de fianza , recurso de reforma pendiente , diligencias pendientes solicitadas por las partes , informes de la policía que deberían haber sido objeto de análisis y estudio , y se unieron al procedimiento sin sello ni registro alguno , ignorando la fecha en que ello se produjo, y destacando las sucesivas peticiones de impulso procesal".

Según apunta el juez en su demoledor informe, esta paralización en el tiempo coincide con el periodo previo a la incoación de diligencias preprocesales de la Fiscalía de Las Palmas , incoadas a raíz de denuncia anónima en la que constaba un contrato suscrito a finales del mes de octubre de 2015 entre Carlos Sosa Báez , pareja de María Victoria Rosell, y la Unión Deportiva Las Palmas , por el que aquél alquilaba una licencia de radio para que la emisora de la entidad deportiva pudiera seguir emitiendo . Se trata del contrato que se cifró en unos 300.000 euros.

Añade que la declaración e Miguel Angel Ramírez como investigado, ordenada por este Magistrado que suscribe a la vista de la información contable aportada a la causa, del informe patrimonial realizado por la Agencia Tributaria y por la petición de la acusación particular de dirigir la imputación frente al Grupo Ralons , aporta numerosos datos sobre las relaciones comerciales existentes entre Carlos Sosa Baez ( a través de Virtual Press, Canarias Ahora, o Clan de Medios de Comunicación y Marketing ) y Grupo Ralons y 2que han existido durante años.

Alba también informa al Supremo de "las presiones en medios de comunicación y redes sociales" tras saltar a la luz este asunto, y apunta además que, fuera de la investigación a Ramírez "no se han detectado en otros procedimientos de este Juzgado , en los que se ha observado clara diligencia en el traslado de documentación a las partes , notificaciones, y desde luego celeridad en su tramitación".

Alba relata en su informe que tomó posesión del juzgado el pasado 30 de octubre "en calidad de sustituto profesional voluntario", ya que sigue siendo magistrado en la Audiencia Provincial, y que prescindió del juez de refuerzo al comprobar que su trabajo no redundaba en la reducción de la pendencia del órgano por el que había designado.

La causa contra Miguel Ángel Ramírez y la empresa Seguridad Integral Canaria S.L. Se admitió a trámite el 28 de enero de 2014 por delitos fiscales y contra la seguridad social y en opinión del juez Alba "no reviste excesiva complejidad". El fondo del asunto es que la citada sociedad declaraba las horas extraordinarias de sus vigilantes de seguridad como dietas, disfrutando con ello de una exención por las mismas.

Diligencias sin resolver

Entre las irregularidades cometidas por Rosell durante el tiempo en el que entendió de este asunto, su juez sustituto apunta la no imposición de una fianza a los investigados para responder de las eventuales responsabilidades pecuniarias, que fue solicitada en abril de 2014 y que finalmente impuso él mismo en diciembre, primero por 35 millones de euros y reduciéndola más tarde a los 17 millones. Se presentaron hasta siete escritos por las partes solicitando esta medida, que Rosell no resolvió.

Otra diligencia que Rosell no practicó fue la petición a la Agencia Tributaria, instada por la Fiscalía, en abril de 2014, para que aportara documentos que interesaban a la acusación. Curiosamente, Alba apunta que estos papeles le fueron aportados a él mismo voluntariamente por los investigados. Considera que de la resolución de dicho asunto "dependía en gran parte la tramitación de las presentes diligencias".

Un último asunto que apunta el juez Alba es el hecho de que la juez no diera traslado a las partes, de un 'pendrive' con información sobre las dietas de los trabajadores que le fue aportado por la Policía en febrero de 2014, que al llegar Alba al juzgado "no había sido ni siquiera abierto".

Rosell incluyó la existencia de este 'pen drive' al sumario mediante una providencia dictada el 30 de julio de 2014 que no se notificó a las partes ni al Fiscal pero que sí apareció en los medios de comunicación vinculados a Sosa (Canarias Ahora) una vez la prensa se hizo eco de que dicha documentación no había sido proveía. Esta circunstancia fue puesta por Alba en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que archivó el expediente abierto a Rosell al no hallar en su actuación tacha disciplinaria.

Este informe del juez Alba fue solicitado por la Sala de lo Penal para "recabar una mínima relación de documentos que permita fundamentar adecuadamente la resolución que sirva de desenlace a la querella" presentada por el exministro José Manuel Soria, cuya defensa se ofreció a personarse en la causa como acusación popular para salvar su falta de legitimación.

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