El que fuera director territorial de Cajamar, Antonio Pita, y su entonces subordinado José Antonio V. C (director de la oficina de esta entidad bancaria ubicada en la avenida Alfonso X de la capital murciana) han sido absueltos en el proceso que se siguió contra ellos como presuntos inductores del secuestro de un promotor, por parte de unos constructores que querían que les firmase unos papeles para cobrar un dinero.

La Audiencia Provincial de Murcia era escenario el pasado mes de octubre del proceso, del que se encargó el juez Juan del Olmo. Ahora ya ha salido la sentencia, que considera que ni Pita ni su entonces subordinado tuvieron nada que ver en lo que hicieron los constructores, que sí han sido condenados, se lee en la sentencia, a la que ha tenido acesso LA OPINIÓN.

«No hay indicios plurales, convergentes y unívocos que permitan atribuir a estos dos acusados (los directivos de banca) la comisión de los delitos que se les atribuían, todo lo cual lleva a su absolución», dice el juez.

La víctima era administrador de la empresa Promufermu, empresa que había gestionado la construcción de sendos bloques de viviendas en Abarán y en la pedanía de San Ginés, de Murcia, que atravesaron por dificultades económicas que impidieron hacer frente a las deudas.

Los constructores admitieron durante el proceso que lo abordaron por la fuerza en el parking donde dejaba su coche, lo llevaron en otro vehículo hasta una nave de Ceutí y allí lo retuvieron y agredieron con la intención de que firmase unos papeles que no llegó a firmar. Entonces los empresarios falsificaron la rúbrica del promotor y fueron a la oficina bancaria a intentar cobrar, pero el director de la misma se negó, tras hablar con la víctima (ya liberada) y explicarle ésta el calvario que había pasado durante el secuestro.

A los dos directivos de banca se les señaló como inductores de los delitos de extorsión en grado de tentativa y lesiones, después de que varios de los empresarios contasen que habían actuado después de que estos les dijesen que sólo podrían cobrar si el promotor firmaba esos papeles. No obstante, el juez considera que no tuvieron nada que ver en aquello y les deja libres.

La víctima sufrió lesiones que tardaron en curar ocho días. Después precisó de asistencia psiquiátrica. De hecho, todavía arrastra una secuela: la de estrés postraumático, rememora Del Olmo.

En concreto, el juez considera que los cinco empresarios son autores de delitos de detención ilegal, extorsión en grado de tentativa, lesiones y falsedad en documento mercantil. Les aplica atenuantes, en concreto el de dilaciones indebidas -el proceso se ha alargado en el tiempo, ya que los hechos acontecieron en mayo de 2009- y el de reparación del daño, puesto que ya indemnizaron parcialmente a su víctima.