La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan de vigilancia contra el uso de cebos de veneno en el Medio Natural', ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer el supuesto uso de cebos envenenados en un paraje natural de la pedanía murciana de El Esparragal, que ha culminado con la instrucción de diligencias como investigada, a dos personas como presuntas autoras de delito relativo a la protección de la fauna y flora.
La investigación se inició cuando, gracias a la colaboración ciudadana, guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de la existencia de grandes cantidades de pastillas, en forma de almendra y de color azul, sospechosas de tratarse de algún tipo de veneno, en la rambla situada en el paraje de Cañada de la Virgen de El Esparragal.
Los agentes del Seprona reconocieron el paraje, donde hallaron varios conejos y liebres muertos, así como más de un centenar de pastillas, supuestamente tóxicas, que una vez retiradas fueron entregadas en el Centro de recuperación 'El Valle', dependiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, para su análisis.
Este primer reconocimiento supuso localizar una explotación agrícola, dedicada al cultivo de cítricos, en las inmediaciones del lugar donde se hallaron los cebos envenados, según han informado fuentes de la Benemérita.
Al objeto de identificar a las personas que diseminaron las pastillas de veneno en el entorno natural, los investigadores indagaron en distintos establecimientos de venta de productos fitosanitarios de la zona, en uno de los cuales obtuvieron información sobre la compra de los productos intervenidos.
Las pesquisas practicadas han permitido a la Guardia Civil averiguar que los propietarios de la finca agrícola, próxima al lugar del hallazgo de los cebos envenenados, habían adquirido 20 kilos de ratoncida de iguales características que, presuntamente, emplearon para minimizar los daños ocasionados en las plantaciones por animales salvajes de la familia de los roedores, como conejos y ratones.
La Benemérita ha identificado a dos personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de delito relativo a la protección de la fauna y flora.
Este delito está castigado con pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en el cualquier caso, con inhabilitación especial para la profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.
Las personas investigadas, las diligencias instruidas y los productos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.
