La Comisión de Fomento del Congreso aprobó ayer una proposición no de ley que reclama al Gobierno el soterramiento de las vías de ferrocarril para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. La unanimidad de los grupos fue posible gracias a la introducción de una enmienda transaccional en la que se insta al Ejecutivo a cumplir el convenio que las administraciones central y regional y el Ayuntamiento firmaron en 2006, informó Efe.
El acuerdo unánime incluía otra propuesta en el mismo sentido para el soterramiento de las vías a su paso por la población barcelonesa de Montcada y Reixac. Ambas iniciativas, presentadas por Podemos y ERC, salieron adelante gracias a un acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios, que consideran necesario paliar una situación que pone en peligro la integridad física de los vecinos de ambas ciudades y además implican la desvertebración de sus cascos urbanos, informó Europa Press.
En el caso de Murcia, en el acuerdo se pide al Gobierno la aportación de los fondos necesarios y el inicio de las actuaciones para la integración de la línea de Alta Velocidad en la ciudad mediante su soterramiento, permitiendo además que la llegada del AVE a Murcia sea una realidad «lo antes posible». También se demandan al Gobierno los proyectos precisos para desarrollar la red de cercanías de la ciudad.
El diputado de Podemos por Murica, Javier Sánchez, pidió que se consulte a los ciudadanos sobre las prioridades de inversión en sus ciudades en caso de conflicto y denunció la situación de todas las ciudades que «siguen divididas» por líneas ferroviarias que «estrangulan» sus barrios. «Las vías de comunicación deben cohesionar el territorio y nunca dividir las ciudades», dijo. La diputada del PSOE María González Veracruz invitó a todos los parlamentarios a visitar Murcia para ver en primera persona la «discriminación» y «abandono insoportable» que sufre la ciudad. El popular Andrés Ayala garantizó que con su partido el soterramiento de las vías de ferrocarril en Murcia será una realidad. El diputado de C's Miguel Graulet defendió que se trata de un asunto «lo suficientemente grave» como para sacarlo del debate político.
