Universidad

La UCAM deberá pagar a los colegios públicos donde sus alumnos hagan prácticas

La normativa posibilita hacer frente a este pago aportando material escolar - La Comunidad prepara un decreto para regular la formación de universitarios tanto en centros escolares como sanitarios

12.01.2016 | 13:04
La UCAM cuenta con los grados de Educación Infantil y Educación Primaria.

La Región de Murcia contará en breve con una normativa que, por primera vez, regulará las prácticas académicas externas universitarias que se realicen en los centros y organismos dependientes de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, las prácticas que deben realizar los alumnos del ámbito de la salud ya contaban con una normativa al respecto, por lo que la novedad más destacada sería la regulación de las prácticas en centros educativos, que hasta el momento se llevaba a cabo a través de convenios concretos entre la Administración regional y las universidades interesadas.

El decreto por el que se regulan estas prácticas, que ya ha pasado por el Consejo Escolar y actualmente ha sido enviado al Consejo Económico Social, para después llegar al Consejo Jurídico, contempla un apartado específico para las universidades privadas –en el caso de la Región solo existe la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)– en el que se establece que «en el caso de que las prácticas se realicen en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, deberán abonar a estos centros, a través del procedimiento que se establezca en los convenios y durante el curso académico que realicen la labor de tutoría, una cantidad económica o su equivalente en material escolar, que se fijará en los mismos, como compensación por el uso de instalaciones y equipamientos de los centros y por acción tutorial».

En este sentido, una vez se apruebe este decreto, la UCAM deberá pagar a los colegios públicos en los que sus alumnos realicen prácticas, ya sea con una cantidad económica o dotándolos de material escolar. Esta decisión responde, según aseguran fuentes de la consejería de Educación a LA OPINIÓN, a que «hasta ahora eran muy pocos los alumnos de universidad privada que realizaban prácticas en los centros escolares públicos y, actualmente, cada vez hay más estudiantes de la privada que realizan prácticas».

Igualmente, se mantendrá esta norma para el caso de las prácticas que se realicen en centros dependientes del Servicio Murciano de Salud (SMS), «abonando la cantidad económica que se disponga en el convenio correspondiente». En cuanto a los criterios de prioridad en la asignación de plazas, el nuevo decreto señala que las universidades públicas tendrán preferencia sobre las universidades privadas o de la Iglesia Católica para realizar sus programas de prácticas docentes externas.

Asimismo, establece que las universidades privadas de la Región «tendrán preferencia frente a otras universidades de fuera de la Región de Murcia».

La Comunidad fija en el decreto que «para hacer efectivo el criterio de prioridad de las universidades públicas sobre las privadas o Católicas, especialmente en los centros educativos y, en su caso, sanitarios, las universidades durante el mes de junio trasladarán a la dirección general competente, y en su caso, al SMS, los calendarios de los practicum de las áreas de educación y salud». Por tanto, serán la citada dirección general y el SMS quienes comprobarán que no existe solapamiento de fechas para la realización de prácticas y lo trasladarán a los centros para planificar las prácticas. Por último, en este apartado del decreto, se estipula que «en el caso de haberse solicitado plazas por una universidad en un centro educativo o sanitario y no cubrirse, éstas podrán ser utilizadas por otra universidad».

Incompatibilidades
El nuevo decreto en el que trabaja la Comunidad Autónoma también recoge un apartado sobre las incompatibilidades. En este sentido, establece que los estudiantes no podrán hacer prácticas en las consejerías, organismos públicos, sociedades mercantiles regionales y fundaciones de la Comunidad donde trabajen sus cónyuges o parientes hasta de segundo grado de consanguinidad o de afinidad, a no ser que concurra una situación de especial consideración.

Asimismo, la realización de prácticas en dichas instituciones será incompatible con la realización de un puesto remunerado en el mismo centro de trabajo, según se recoge en el borrador del decreto.

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