Nombramiento

El defensor del universitario critica la política de becas de los últimos años

José Manuel Palazón, profesor de Química Inorgánica en la Universidad de Murcia, es el nuevo presidente de la Conferencia Estatal

15.11.2015 | 04:00

José Manuel Palazón, profesor de Química Inorgánica de la Universidad de Murcia, fue elegido recientemente como nuevo presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitario (CEDU) y, en una entrevista concedida a Efe, expuso sus principales objetivos y preocupaciones, como el creciente impago de matrículas y el caos que ha generado entre los estudiantes la política de becas. «Hubo varios cambios en poco tiempo y eso creaba desconcierto. Había alumnos que, al endurecerse los requisitos, ya no podían tener beca, y esto te puede excluir de los estudios», asegura.

Los problemas en el pago –que han crecido «muchísimo» con la crisis– son precisamente una de las situaciones en las que más comúnmente se recurre a la figura del defensor del universitario, según el propio Palazón. «Buscamos soluciones con la universidad como un aplazamiento, facilidades de pago, etc. Cuando son causas sobrevenidas graves –enfermedad, fallecimiento de los padres, etc.–, se pide que se anule la matrícula, hay que ser flexible. Frente a la burocracia intentamos poner un poco de sentido común, de humanidad», explica.

Pero esta figura no solo atiende a las reclamaciones del alumnado, también a las del personal administrativo y, por supuesto, docente. En este sentido, la gran preocupación del profesorado es, según Palazón, la norma ministerial de 2012, que obliga a aumentar la docencia hasta 32 créditos si la actividad investigadora ha sido mínima, «sin habérselo advertido previamente».

Para el nuevo presidente de la Conferencia Estatal, un estatuto para el personal docente es algo «necesario y urgente» que hay que exigir al Ministerio: «Había una obligación de regular la carrera profesional al año de que se aprobara la ley de reforma universitaria de 2007 –recuerda–. Hay un vacío importante».

No obstante, si bien el caso del personal funcionario está regulado por el estatuto básico del empleado público, existe un problema «más serio» con los estudiantes.

«El régimen disciplinario actual es un decreto del 8 de septiembre de 1954, muy lejos de los principios constitucionales. Vamos a dirigirnos a los partidos y al Ministerio para que se comprometan con este asunto», promete.

Otro de sus objetivos principales es abrir las relaciones institucionales, tanto con la Conferencia de Rectores como con Educación, «pues no existen, al contrario que con la Defensora del Pueblo». «Con el Ministerio deberíamos tener una interlocución para, por lo menos, advertir de lo que nosotros observemos que puede dificultar el derecho a la educación como la política de becas».

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