El dinero de las cuentas bancarias del alcalde de Murcia y secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y de sus familiares, se multiplicó por diez en un periodo de nueve años, al pasar de 57.435 euros en 2002 a 554.698 euros en 2011. Así se indica en un informe realizado por la Agencia Tributaria a finales del año pasado que se encuentra en la pieza separada abierta por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia para investigar sobre el patrimonio de Cámara, imputado en el caso Umbra, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística ligada a los convenios para el desarrollo de la zona norte del municipio de Murcia.

El juez que instruye el caso, David Castillejos, levantó el pasado viernes el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza separada, de forma que ayer las partes tuvieron ayer acceso al contenido de la investigación citado anteriormente, fruto de más de un año de indagaciones secretas. Más de 700 folios con información tributaria y bancaria sobre todos los movimientos económicos de Miguel Ángel Cámara y su familia desde 2001, año en el que se aprobó el convenio de Nueva Condomina, hasta 2011.

Según el informe de la Agencia Tributaria, el alcalde de Murcia y su familia son titulares de una vivienda en Murcia (avenida Primo de Rivera), otra casa en Campoamor, una vivienda en Torrevieja, otro inmueble en Orihuela -ciudad de donde es originario el regidor- y una plaza de aparcamiento en la plaza Circular. Además, continúa el informe, Cámara, su esposa y uno de sus hijos adquirieron a la mercantil New Capital 200 S. L. -concesionaria de los parkings de la avenida de la Libertad y La Vega- tres plazas de aparcamiento, por el precio de 18.000 euros cada una de ellas.

Asimismo, el valor de los activos financieros con los que contaba la familia Cámara-Meroño en distintas entidades financieras ascendían a 99.425 euros. El valor de estos se fue reduciendo con el paso de los años.

Además, el informe de la Agencia Tributaria -que se limita a detallar los datos económicos y patrimoniales y evita las valoraciones- añade que el alcalde y su familia cuentan desde abril de 2008 con un vehículo Volkswagen Tiguan, un Chrysler Voyager adquirido en el año 2001 y un Toyota Yaris propiedad de uno de los hijos del matrimonio.

El documento refleja también que las rentas del trabajo de Cámara y su esposa, en general, han ido en aumento en los últimos años, aunque las que percibe el regidor del ayuntamiento de Murcia han ido a la baja desde el comienzo de la crisis económica.

La finca de los suegros

El juez Castillejos dio a conocer ayer el auto de levantamiento del secreto de sumario, en la que hace alusión, tal y como adelantó este diario el pasado sábado, a la compraventa de unos terrenos en la pedanía de Baños y Mendigo propiedad de los suegros de Cámara a uno grupo de sociedades en las que tenían participación algunos de los imputados en el caso Umbra, como el jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver.

Los terrenos, una finca rústica cuya superficie asciende a 107.043 metros cuadrados, fueron vendidos por un total de 1,9 millones de euros. Parte de ese dinero, según afirma el juez Castillejos en el auto de levantamiento de secreto de sumario, «revierte a una cuenta del matrimonio del alcalde».

El fiscal sospecha que el aumento de ingresos producido en el núcleo familiar de Cámara podría deberse a la venta de estos terrenos, «pudiendo existir algún vínculo en los datos patrimoniales de Miguel Ángel Cámara Botía y Joaquín Peñalver, algo hoy día no esclarecido y que por tanto no puede darse por cierto».

El último documento incorporado a la pieza separada es un nuevo informe de la Agencia Tributaria que llegó al juzgado el pasado 23 de diciembre y que indaga en la supuesta relación de la venta de la finca de los suegros del alcalde y una serie de ingresos que percibieron los hijos de Cámara -32.000 euros para cada uno, en transferencias realizadas por un hermano del político- en sus cuentas bancarias previamente el día en el que se cerraba la compraventa de los terrenos. Fue el 2 de marzo de 2006. Curiosamente, el día anterior, Peñalver, que tenía participaciones en una de las sociedades compradoras (la mercantil Titobio), había solicitado la excedencia de su puesto de jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia. «No es posible conocer los motivos que llevaron a don Alberto Cámara Botía a realizar tales transferencias», señala el perito de la Agencia Tributaria designado para contestar a los requerimientos judiciales.

Este último informe también llama la atención sobre una serie de ingresos detectadas en las cuentas de los hijos de Miguel Ángel Cámara por parte de sus abuelos maternos, los que vendieron los terrenos en Baños y Mendigo, coincidentes, según el fiscal, con los plazos de entrega de dinero que pactaron los vendedores en la operación. En este sentido, el perito señala que es necesario seguir recabando información bancaria.

Dos años sin sacar dinero

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también destaca «la inexistencia de retiradas de efectivo en las cuentas de titularidad de Miguel Ángel Cámara y su esposa durante los años 2005 y 2006 principalmente -ni por ventanilla ni por cajero automático-, (...) una actuación similar a la detectada respecto al señor Berberena Loperena», este último también imputado en el caso Umbra.

El perito de Hacienda señala que el análisis de los extractos de cuentas utilizados confirma que no se produjeron retiradas de efectivo en dos años. En ese sentido, destaca el informe de la Agencia Tributaria que Cámara recibió retribuciones de Cajamurcia -fue durante años consejero- que no fueron ingresadas en sus cuentas bancarias, sino que recibió el dinero en efectivo.

En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez del caso Umbra señala que «todavía restan algunos extremos que la lentitud de ciertas entidades bancarias en contestar a peticiones del juzgado impide su finalización definitiva», aunque este hecho no justifica que las investigaciones sigan bajo llave. En el auto, Castillejos habla también por primera vez del delito de cohecho relacionado con el alcalde, al que hasta ahora solo se acusaba de prevaricación.