Un bloque de veinte viviendas de la calle Huerto Gambín de la capital, en el barrio de San Andrés, llevan a oscuras desde el miércoles a mediodía. Iberdrola les ha cortado el suministro de luz al descubrir que en ese edificio hay doce pisos que no están dados de alta y no pagan el correspondiente recibo porque han enganchado a la red de forma ilegal.

Las ocho familias restantes se plantaron este jueves en la Comisería de San Andrés y pusieron una denuncia ante este hecho que consideran injusto, ya que estos vecinos sí pagan religiosamente sus recibos y tienen el suministro de forma legal. Además, denunciaron que algunas de estas personas están enfermas o tienen movilidad reducida, por lo que se les ha complicado aún más el día a día y las tareas domésticas con esta actuación de Iberdrola.

También se han visto obligados a tirar a la basura productos perecederos al quedarse los frigoríficos sin corriente.

Según comentaron los vecinos a esta redacción, la compañía ha aducido cuestiones de seguridad para interrumpir el suministro y ha alegado un riesgo por el enganche irregular al cuadro eléctrico de residentes de este inmueble.

Los vecinos que fueron a Comisaría estuvieron acompañados por la portavoz de IU-Verdes en el ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, quien calificó de «arbitrario» la interrupción del suministro eléctrico y exigió el «inmediato» restablecimiento del servicio. «La compañía no puede trasladar su problema a los vecinos que están al corriente de pago», afirmó Herguedas, y criticó que «se adopte esta solución radical e injusta cuando ha estado haciendo la vista gorda ante unos enganches que llevan haciéndose años».

Al mismo tiempo, la edil explicó la situación a los Servicios de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento, reclamando la intervención pública para la reposición inmediata del suministro. La concejala también aprovechó para denunciar una vez más la situación de «limbo jurídico» en la que se encuentra el edificio, un bloque de viviendas públicas de un antiguo patronato del que ahora «ninguna administración quiere responsabilizarse».