Lorca

Destapan la "semiesclavitud" de muchos trabajos agrícolas

IU asegura que seis de cada diez contratos en el campo los gestionan empresas de trabajo temporal

14.06.2017 | 04:00

Los concejales portavoces de Izquierda Unida-Verdes en los ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras, Pedro Sosa y Víctor Jiménez, respectivamente, han denunciado «la situación de semiesclavitud» que, según ellos, se vive en algunos trabajos relacionados con el sector agrario.

Los dos ediles destacaron «la extraordinaria precariedad en la que se desarrolla el trabajo en dos sectores económicos concretos como son el agroalimentario y el de servicios». Sosa afirmó que de los 13.514 contratos firmados en Lorca el pasado mes de mayo, «nada menos que el 98,24% (13.276) son temporales, a veces de unas horas, de un día o de una semana». Además advierte de que «no cabe confundir esos contratos con puestos de trabajo, pese a la propaganda que desde el Partido Popular se suele hacer». El concejal informó de que 9.783 contratos fueron en el sector de la agricultura de temporada y 3.439 en el de servicios.

El edil advierte de que más del 60% de dicha contratación se ha realizado a través de Empresas de Trabajo Temporal mediante lo que se denomina como «contratos de puesta a disposición». Sosa afirma que estas empresas «están sustituyendo de facto la principal función que deberían tener los servicios públicos de empleo y lo hacen además convirtiendo el mercado laboral lorquino en un erial donde cada vez son más numerosos los episodios de semiesclavitud laboral, con incumplimiento de convenios, derechos sociales y tablas salariales».

Según el concejal, las administraciones públicas, también el Ayuntamiento de Lorca «deben tomar cartas en el asunto».

Por su parte, Víctor Romera aseveró que «no todas las empresas de trabajo temporal actúan al margen de la legalidad. Muchas lo hacen correctamente, pero habida cuenta del peso de las mismas en la contratación laboral de los sectores agroalimentario y servicios, la precariedad está muy extendida y muy generalizado el incumplimiento de los convenios colectivos y del ordenamiento jurídico laboral, con salarios que no se pagan o que se pagan por debajo de lo estipulado con la realización de destajos prohibidos por la ley». Lo peor, según Romera, «es que conocemos casos de empresas que tras ser investigadas y sancionadas, cambian de nombre y se vuelven a instalar con otra razón social para que las mismas personas que antes las gestionaban sigan explotando a los trabajadores».

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